Enero 2015
Para estas épocas de personalismos exacerbados que relegan la discusión de ideas, de falta de exhibición de plataformas electorales, de respuestas “políticamente correctas” ante preguntas sobre temas de fondo, etc. etc. recomiendo calurosamente la lectura de los Fundamentos del Proyecto de Ley sobre Privatización de Aerolíneas Argentinas presentado por la UCEDE al Congreso de la Nación el 21/11/88. Pasaron 25 años y continúa siendo la UCEDE el único partido con ideas liberales definidas a favor de la libertad en todos los órdenes y en contra del intervencionismo, estatismo, dirigismo e inflación, que son la raíz de nuestros males en los últimos 70 años.
PROYECTO DE LEY SOBRE PRIVATIZACIÓN DE AEROLINEAS ARGENTINAS, PRESENTADO AL CONGRESO DE LA NACIÓN POR LA UCEDE EL 21/11/88
FUNDAMENTOS
La causa fundamental del retroceso relativo del país en el concierto de las naciones, del descenso del nivel de vida de sus habitantes y también de la crisis presente, debe buscarse en el avance dominante del Estado sobre las actividades privadas, que ha sido una constante a lo largo de los últimos cuarenta años.
Este avance revistió –y reviste- tres formas principales : el estatismo, o sea la absorción por parte del Estado de actividades y empresas industriales, comerciales y de servicio generalmente de gran “peso” en la vida nacional; el intervencionismo, o sea la intromisión del Estado trabando los mecanismos del mercado a través de regulaciones de toda clase, y la recurrencia a artificios inflacionarios para financiar los déficit del Estado derivados de su excesiva dimensión y de los subsidios acordados a entidades diversas que operan dentro de una estructura definidamente corporativa creada asimismo por el Estado.
La propiedad y operación estatal de grandes empresas y actividades bajo la forma de verdaderos monopolios, y las regulaciones burocráticas interfiriendo los mercados y pretendiendo manejar compulsivamente las variables económicas fundamentales, constituyen así la expresión práctica de ese avance del Estado considerado como la causa básica del retroceso argentino. De esta manera la transferencia al sector privado de las empresas y actividades industriales, comerciales y de servicio hoy en manos del Estado, que denominaremos privatización, y la supresión en la máxima medida posible de las regulaciones estatales que inciden sobre los mercados, que conocemos bajo el nombre de desregulación, pasan a ser dos de las decisiones fundamentales indispensables para revertir la marcha decadente del país y reencauzarlo por el camino de su progreso.
Privatizar y desregular son así dos imperativos esenciales den la Argentina de hoy. Esta conclusión no se deriva de concepciones ideológicas, sino del propósito concreto de alcanzar aquellos dos objetivos: resolver la crisis y elevar el nivel de vida de la población.
Esa necesidad de privatizar y desregular es incontrovertible. El actual modelo estatista-regulatorio-inflacionario está agotado. Es imposible seguir sosteniéndolo, ya que no hay posibilidad alguna de financiarlo. Unas pocas cifras son suficientes para probar este aserto.
Entre 1974 y 1987 el déficit acumulado de las empresas públicas alcanzó a 30.000 millones de dólares (más de la mitad de la deuda externa argentina). Durante los dos últimos años el déficit de dichas empresas fue responsable del 79% del total del déficit fiscal. El financiamiento de esos déficit se hizo principalmente a través de una espuria emisión de monedad, que constituyó la principal, por no decir única, causa de la inflación permanente que ha venido soportando –y soporta- el país. El costo de ese financiamiento lo pagó y está pagando el pueblo argentino a través de un profundo desorden inflacionario que, por su persistencia y magnitud, constituye una grave amenaza para el orden social. Por otra parte, si el Estado no hubiera tenido que canalizar esos recursos hacia los citados déficit, hubiera podido disponer de financiación genuina para atender debidamente sus obligaciones en materia de seguridad personal, defensa nacional, salud pública, educación, vivienda mínima y demás prestaciones que le son propias.
Pero no es solamente esa imposibilidad de seguir financiando los déficit lo que determina el agotamiento del modelo y la necesidad de privatizar y desregular. La ineficiencia de las empresas del Estado y los pésimos servicios que prestan configuran una realidad deprimente que la sociedad ya no está dispuesta a seguir soportando. Esa ineficiencia se transfiere a toda la estructura productiva del país, colocándola fuera de la competencia internacional y condenándola a ser cada día más reducida y endeble. Además, simplemente para mantener esos precarios servicios, se requieren inversiones (porque hasta ahora se ha vivido “consumiendo sin reponer”), y el Estado no cuenta ni contará por muchos años con los recursos necesarios para tales inversiones. En cuanto a las regulaciones, su pernicioso efecto sobre la economía nacional es menos “cuantificable” y demostrable, pero no hay ninguna duda acerca de las ingentes pérdidas que acarrea y sobre todo de la rigidez que introduce en el sistema económico.
Los problemas de privatización y desregulación están estrechamente interrelacionados. Teniendo en cuenta la actual estructura monopólica, oligopólica y corporativa del sistema económico argentino, derivada de las innumerables regulaciones que se han ido creando, no será posible y tampoco tendría mayor sentido, privatizar si al mismo tiempo no se desregula el sistema. Es indispensable establecer en él condiciones de libre funcionamiento del mercado y en particular de competencia. Pasar de un monopolio estatal a uno privado no significa un verdadero avance y constituye sin duda una operación muy discutible. No será tarea fácil en la Argentina llevar a cabo una transformación de la naturaleza y trascendencia de la señalada, pero ya se ha dicho que la actual situación es insostenible y que, quiéraselo o no, habrá que privatizar y desregular a muy corto plazo. Hasta en los países comunistas se ha llegado a una conclusión semejante y se están dando algunos pasos en ese sentido, a pesar de los peligros que esa transformación implica para la vigencia del dogma socialista y de la resistencia de la burocracia dominante. En la Argentina tenemos urgente e inexorablemente que privatizar y desregular porque:
a) No podemos ya financiar los déficit de las empresas del Estado;
b) Mucho menos podemos aportarle los recursos necesarios para ponerlas en condiciones de prestar el mínimo de servicios que la comunidad exige perentoriamente;
c) No se puede seguir postergando la satisfacción de esos reclamos, que se traducen ya en una cada vez más apremiante y justificada protesta, y en una creciente indisciplina en el pago de dichos servicios;
d) Es inadmisible no movilizar de inmediato importantes recursos naturales con que contamos (principalmente petróleo y gas), a efectos de producir y exportar más con vistas a la atención de la deuda externa y del crecimiento del país. El Estado no tiene medios, ni los tendrá por muchos años, para que sus empresas puedan llevar adelante esa tarea, por lo que es indispensable confiarla a la actividad privada.
Sería absurdo permitir que una ideología trasnochada nos impida aprovechar al máximo las posibilidades que nos brinda la existencia de esos recursos naturales, por el prurito de mantener el Estado empresario.
Por cierto ni siquiera los representantes de esa ideología pueden negar tales evidencias, pero hay quienes todavía resisten los cambios, sugiriendo que el problema puede resolverse mediante un incremento de la eficiencia de las empresas estatales, un mayor endeudamiento para atender sus necesidades y otros artificios no muy bien especificados, que eliminarían la necesidad de privatizar. Quienes así opinan, eludiendo la esencia del problema, recomiendan sólo privatizaciones marginales o periféricas, y la organización de sociedades mixtas o cooperativas para la prestación de los servicios y las explotaciones. También hay quienes sostienen que es difícil privatizar y desregular por las resistencias que podrían suscitarse y, que una manera de hacer algo en ese sentido, consiste en procurar asociaciones con empresas extranjeras manteniendo las regulaciones que en la actualidad dan lugar a la supervivencia de los monopolios y oligopolios actuales. Aducen que si bien esos intentos no constituyen verdaderas privatizaciones y desregulaciones, es mejor llevarlos a cabo con vistas a avanzar más decididamente en el futuro. Es ésta una actitud que posterga la solución del problema y conduce a desacreditar la idea de privatizar y desregular, que es la única que puede verdaderamente resolverlo. Esta manera de pensar es sin duda la que ha inspirado los proyectos del Poder Ejecutivo en el caso de la asociación de Aerolíneas Argentinas-SAS y de ENTEL con la Telefónica Española
Establecida en los párrafos anteriores la indispensabilidad de encarar decididamente y sin demoras todas las privatizaciones y desregulaciones que resulten posibles, el caso de Aerolíneas Argentinas y del tráfico aéreo se presenta como un verdadero test y una clara oportunidad en cuanto a la intención y convicción de privatizar y desregular. La privatización de Aerolíneas es sin duda la más fácil y factible de las privatizaciones importantes que es necesario emprender. Si no se privatiza Aerolíneas en esta oportunidad, nada significativo se privatizará verdaderamente en el futuro inmediato. En cambio, esa privatización abrirá el camino a las demás, señalando firmemente el derrotero que ya nadie puede negarse a seguir. A eso apunta la presente ley, que abarca y combina dos aspectos: la privatización de Aerolíneas y la desregulación del tráfico aéreo estableciendo una ordenada competencia.
Aparte delas precedentes consideraciones de fondo, hay una cuestión de oportunidad. La sección internacional de Aerolíneas debe necesariamente tener en cuenta la futura desregulación del tráfico aéreo en Europa y los Estados Unidos, que posiblemente se realizará hacia fines de 1992. En cuanto al cabotaje y al tráfico regional, es éste el momento de comenzar a pensar en la reposición del material y cuestiones conexas. De manera que también estas circunstancias llevan a afirmar que el momento de privatizar y desregular es ahora y no más tarde.
Esta ley debe ser considerada como una “ley marco” o “ley de encuadre”. Establece con la mayor precisión posible los principios y métodos para llevar adelante la citada privatización y desregulación, pero deja un amplio margen para que el Poder Ejecutivo a través de su reglamentación y de los organismos que considere competentes, determine la mejor forma de concretar el mandato contenido en ella.
La ley establece la privatización inmediata de la parte de Aerolíneas que opera el tráfico de cabotaje y regional, y la desregulación del primero. Establece asimismo la reorganización y privatización de Aerolíneas Internacional en el transcurso de 1989, dejando abierta la posibilidad de que se asocie o realice desde ahora, por razones de urgencia, acuerdos con compañías que participen del tráfico internacional, a efectos de mejorar su capacidad dentro del citado tráfico.
La ley prevé asignar una cuota de capital al personal de Aerolíneas Argentinas, al cual se le facilitará la suscripción de acciones. Promueve asimismo la colocación de acciones en el público y la cotización de éstas en cuanto al control de las compañías que se organicen. Procura de esta manera que los ahorristas e inversores nacionales tengan acceso de la manera más amplia y diversificada a la formación del capital de las empresas y al manejo de las mismas. Apunta a un verdadero “capitalismo popular” que podrá luego extenderse a otras áreas, modificando fundamentalmente mucho preconceptos y prácticas anacrónicas existentes todavía hoy en el país acerca de la formación del capital y de la organización empresaria, al interesar al público, a los ahorristas, a los inversores y a los trabajadores en ambas actividades.
AEROLÍNEAS ARGENTINAS
PROYECTO DE LEY SOBRE PRIVATIZACIÓN DE AEROLINEAS ARGENTINAS, PRESENTADO AL CONGRESO DE LA NACIÓN POR LA UCEDE EL 21/11/88
FUNDAMENTOS
La causa fundamental del retroceso relativo del país en el concierto de las naciones, del descenso del nivel de vida de sus habitantes y también de la crisis presente, debe buscarse en el avance dominante del Estado sobre las actividades privadas, que ha sido una constante a lo largo de los últimos cuarenta años.
Este avance revistió –y reviste- tres formas principales : el estatismo, o sea la absorción por parte del Estado de actividades y empresas industriales, comerciales y de servicio generalmente de gran “peso” en la vida nacional; el intervencionismo, o sea la intromisión del Estado trabando los mecanismos del mercado a través de regulaciones de toda clase, y la recurrencia a artificios inflacionarios para financiar los déficit del Estado derivados de su excesiva dimensión y de los subsidios acordados a entidades diversas que operan dentro de una estructura definidamente corporativa creada asimismo por el Estado.
La propiedad y operación estatal de grandes empresas y actividades bajo la forma de verdaderos monopolios, y las regulaciones burocráticas interfiriendo los mercados y pretendiendo manejar compulsivamente las variables económicas fundamentales, constituyen así la expresión práctica de ese avance del Estado considerado como la causa básica del retroceso argentino. De esta manera la transferencia al sector privado de las empresas y actividades industriales, comerciales y de servicio hoy en manos del Estado, que denominaremos privatización, y la supresión en la máxima medida posible de las regulaciones estatales que inciden sobre los mercados, que conocemos bajo el nombre de desregulación, pasan a ser dos de las decisiones fundamentales indispensables para revertir la marcha decadente del país y reencauzarlo por el camino de su progreso.
Privatizar y desregular son así dos imperativos esenciales den la Argentina de hoy. Esta conclusión no se deriva de concepciones ideológicas, sino del propósito concreto de alcanzar aquellos dos objetivos: resolver la crisis y elevar el nivel de vida de la población.
Esa necesidad de privatizar y desregular es incontrovertible. El actual modelo estatista-regulatorio-inflacionario está agotado. Es imposible seguir sosteniéndolo, ya que no hay posibilidad alguna de financiarlo. Unas pocas cifras son suficientes para probar este aserto.
Entre 1974 y 1987 el déficit acumulado de las empresas públicas alcanzó a 30.000 millones de dólares (más de la mitad de la deuda externa argentina). Durante los dos últimos años el déficit de dichas empresas fue responsable del 79% del total del déficit fiscal. El financiamiento de esos déficit se hizo principalmente a través de una espuria emisión de monedad, que constituyó la principal, por no decir única, causa de la inflación permanente que ha venido soportando –y soporta- el país. El costo de ese financiamiento lo pagó y está pagando el pueblo argentino a través de un profundo desorden inflacionario que, por su persistencia y magnitud, constituye una grave amenaza para el orden social. Por otra parte, si el Estado no hubiera tenido que canalizar esos recursos hacia los citados déficit, hubiera podido disponer de financiación genuina para atender debidamente sus obligaciones en materia de seguridad personal, defensa nacional, salud pública, educación, vivienda mínima y demás prestaciones que le son propias.
Pero no es solamente esa imposibilidad de seguir financiando los déficit lo que determina el agotamiento del modelo y la necesidad de privatizar y desregular. La ineficiencia de las empresas del Estado y los pésimos servicios que prestan configuran una realidad deprimente que la sociedad ya no está dispuesta a seguir soportando. Esa ineficiencia se transfiere a toda la estructura productiva del país, colocándola fuera de la competencia internacional y condenándola a ser cada día más reducida y endeble. Además, simplemente para mantener esos precarios servicios, se requieren inversiones (porque hasta ahora se ha vivido “consumiendo sin reponer”), y el Estado no cuenta ni contará por muchos años con los recursos necesarios para tales inversiones. En cuanto a las regulaciones, su pernicioso efecto sobre la economía nacional es menos “cuantificable” y demostrable, pero no hay ninguna duda acerca de las ingentes pérdidas que acarrea y sobre todo de la rigidez que introduce en el sistema económico.
Los problemas de privatización y desregulación están estrechamente interrelacionados. Teniendo en cuenta la actual estructura monopólica, oligopólica y corporativa del sistema económico argentino, derivada de las innumerables regulaciones que se han ido creando, no será posible y tampoco tendría mayor sentido, privatizar si al mismo tiempo no se desregula el sistema. Es indispensable establecer en él condiciones de libre funcionamiento del mercado y en particular de competencia. Pasar de un monopolio estatal a uno privado no significa un verdadero avance y constituye sin duda una operación muy discutible. No será tarea fácil en la Argentina llevar a cabo una transformación de la naturaleza y trascendencia de la señalada, pero ya se ha dicho que la actual situación es insostenible y que, quiéraselo o no, habrá que privatizar y desregular a muy corto plazo. Hasta en los países comunistas se ha llegado a una conclusión semejante y se están dando algunos pasos en ese sentido, a pesar de los peligros que esa transformación implica para la vigencia del dogma socialista y de la resistencia de la burocracia dominante. En la Argentina tenemos urgente e inexorablemente que privatizar y desregular porque:
a) No podemos ya financiar los déficit de las empresas del Estado;
b) Mucho menos podemos aportarle los recursos necesarios para ponerlas en condiciones de prestar el mínimo de servicios que la comunidad exige perentoriamente;
c) No se puede seguir postergando la satisfacción de esos reclamos, que se traducen ya en una cada vez más apremiante y justificada protesta, y en una creciente indisciplina en el pago de dichos servicios;
d) Es inadmisible no movilizar de inmediato importantes recursos naturales con que contamos (principalmente petróleo y gas), a efectos de producir y exportar más con vistas a la atención de la deuda externa y del crecimiento del país. El Estado no tiene medios, ni los tendrá por muchos años, para que sus empresas puedan llevar adelante esa tarea, por lo que es indispensable confiarla a la actividad privada.
Sería absurdo permitir que una ideología trasnochada nos impida aprovechar al máximo las posibilidades que nos brinda la existencia de esos recursos naturales, por el prurito de mantener el Estado empresario.
Por cierto ni siquiera los representantes de esa ideología pueden negar tales evidencias, pero hay quienes todavía resisten los cambios, sugiriendo que el problema puede resolverse mediante un incremento de la eficiencia de las empresas estatales, un mayor endeudamiento para atender sus necesidades y otros artificios no muy bien especificados, que eliminarían la necesidad de privatizar. Quienes así opinan, eludiendo la esencia del problema, recomiendan sólo privatizaciones marginales o periféricas, y la organización de sociedades mixtas o cooperativas para la prestación de los servicios y las explotaciones. También hay quienes sostienen que es difícil privatizar y desregular por las resistencias que podrían suscitarse y, que una manera de hacer algo en ese sentido, consiste en procurar asociaciones con empresas extranjeras manteniendo las regulaciones que en la actualidad dan lugar a la supervivencia de los monopolios y oligopolios actuales. Aducen que si bien esos intentos no constituyen verdaderas privatizaciones y desregulaciones, es mejor llevarlos a cabo con vistas a avanzar más decididamente en el futuro. Es ésta una actitud que posterga la solución del problema y conduce a desacreditar la idea de privatizar y desregular, que es la única que puede verdaderamente resolverlo. Esta manera de pensar es sin duda la que ha inspirado los proyectos del Poder Ejecutivo en el caso de la asociación de Aerolíneas Argentinas-SAS y de ENTEL con la Telefónica Española
Establecida en los párrafos anteriores la indispensabilidad de encarar decididamente y sin demoras todas las privatizaciones y desregulaciones que resulten posibles, el caso de Aerolíneas Argentinas y del tráfico aéreo se presenta como un verdadero test y una clara oportunidad en cuanto a la intención y convicción de privatizar y desregular. La privatización de Aerolíneas es sin duda la más fácil y factible de las privatizaciones importantes que es necesario emprender. Si no se privatiza Aerolíneas en esta oportunidad, nada significativo se privatizará verdaderamente en el futuro inmediato. En cambio, esa privatización abrirá el camino a las demás, señalando firmemente el derrotero que ya nadie puede negarse a seguir. A eso apunta la presente ley, que abarca y combina dos aspectos: la privatización de Aerolíneas y la desregulación del tráfico aéreo estableciendo una ordenada competencia.
Aparte delas precedentes consideraciones de fondo, hay una cuestión de oportunidad. La sección internacional de Aerolíneas debe necesariamente tener en cuenta la futura desregulación del tráfico aéreo en Europa y los Estados Unidos, que posiblemente se realizará hacia fines de 1992. En cuanto al cabotaje y al tráfico regional, es éste el momento de comenzar a pensar en la reposición del material y cuestiones conexas. De manera que también estas circunstancias llevan a afirmar que el momento de privatizar y desregular es ahora y no más tarde.
Esta ley debe ser considerada como una “ley marco” o “ley de encuadre”. Establece con la mayor precisión posible los principios y métodos para llevar adelante la citada privatización y desregulación, pero deja un amplio margen para que el Poder Ejecutivo a través de su reglamentación y de los organismos que considere competentes, determine la mejor forma de concretar el mandato contenido en ella.
La ley establece la privatización inmediata de la parte de Aerolíneas que opera el tráfico de cabotaje y regional, y la desregulación del primero. Establece asimismo la reorganización y privatización de Aerolíneas Internacional en el transcurso de 1989, dejando abierta la posibilidad de que se asocie o realice desde ahora, por razones de urgencia, acuerdos con compañías que participen del tráfico internacional, a efectos de mejorar su capacidad dentro del citado tráfico.
La ley prevé asignar una cuota de capital al personal de Aerolíneas Argentinas, al cual se le facilitará la suscripción de acciones. Promueve asimismo la colocación de acciones en el público y la cotización de éstas en cuanto al control de las compañías que se organicen. Procura de esta manera que los ahorristas e inversores nacionales tengan acceso de la manera más amplia y diversificada a la formación del capital de las empresas y al manejo de las mismas. Apunta a un verdadero “capitalismo popular” que podrá luego extenderse a otras áreas, modificando fundamentalmente mucho preconceptos y prácticas anacrónicas existentes todavía hoy en el país acerca de la formación del capital y de la organización empresaria, al interesar al público, a los ahorristas, a los inversores y a los trabajadores en ambas actividades.
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