31 de diciembre de 2014
12 de diciembre de 2014
Menem, la UCEDE y el Ing. Alvaro Alsogaray
Por Claudia Bonzo (*)
No hubo fusión con el menemismo. Menem solicitó asesoramiento al Ing. para salvar al país de la gran crisis inflacionaria de 1989, y el Ing. se la brindó de la misma forma que lo hiciera con el desarrollista Frondizi en 1959.
(*) Claudia Bonzo.
Ama de casa, albañil, cocinera.
Liberal.
Luego el menemismo ofreció cargos en puestos relevantes a integrantes del partido para que su gobierno siguiera girando hacia el sistema de Económica Social de Mercado. Muchos de estos ucedeistas se desafiliaron y se pasaron al menemismo, lo cual está bien si ese era su deseo.
El gobierno de Menem fue bueno hasta 1996, En 1997, ante la pugna con el Dr. Duhalde por la presidencia del partido el Dr. Menem perdió el foco girando hacia el viejo populismo peronista, lo cual arruinó los logros ya que si bien las empresas privatizadas siguieron así, el aumento desmedido del gasto publico para contentar a los gobernadores y el permiso a estos de contraer deuda pública con aval del BCRA, hicieron inviable la convertibilidad, explotando esta situación durante el gobierno de De La Rúa.
La convertibilidad nunca fue santo de la devoción del Ing. Alsogaray, que creía en la libre flotación de todas las monedas, y siempre opinó que era un parche del que debía salirse en cuanto se pudiera. Cuestión en la que el mismo Dr. Cavallo coincide, ya que el Dr. Cavallo decía que debía salirse en momento de crecimiento, y no pudo hacerse porque el Dr. Menem no quiso y por que el pueblo argentino en ese entonces se sentía tan a gusto con la convertibilidad que no hubiera soportado facilmente la salida lo cual implicaba riesgos en la estabilidad alcanzada.
Hay que entender que el Ing. Alvaro Alsogaray padre, puso los intereses del país por encima de los intereses personales y partidarios.
El gobierno de Menem fue bueno hasta 1996, En 1997, ante la pugna con el Dr. Duhalde por la presidencia del partido el Dr. Menem perdió el foco girando hacia el viejo populismo peronista, lo cual arruinó los logros ya que si bien las empresas privatizadas siguieron así, el aumento desmedido del gasto publico para contentar a los gobernadores y el permiso a estos de contraer deuda pública con aval del BCRA, hicieron inviable la convertibilidad, explotando esta situación durante el gobierno de De La Rúa.
La convertibilidad nunca fue santo de la devoción del Ing. Alsogaray, que creía en la libre flotación de todas las monedas, y siempre opinó que era un parche del que debía salirse en cuanto se pudiera. Cuestión en la que el mismo Dr. Cavallo coincide, ya que el Dr. Cavallo decía que debía salirse en momento de crecimiento, y no pudo hacerse porque el Dr. Menem no quiso y por que el pueblo argentino en ese entonces se sentía tan a gusto con la convertibilidad que no hubiera soportado facilmente la salida lo cual implicaba riesgos en la estabilidad alcanzada.
Hay que entender que el Ing. Alvaro Alsogaray padre, puso los intereses del país por encima de los intereses personales y partidarios.
Ama de casa, albañil, cocinera.
Liberal.
Nota: libros y artículos contando los hechos, disponibles para su descarga libre en el blog del Dr. Domingo Cavallo.
11 de diciembre de 2014
Contra las Leyes Malas
Por Alberto Mansueti (*)
La derogación de las leyes malas, que lo son casi todas las leyes especiales. Son malas porque atentan contra la libertad y la justicia, contra el trabajo, el ahorro y la inversión, la economía en general, y la familia, la educación, los partidos, las iglesias y el buen Gobierno. También atentan contra la lógica y el buen sentido, contra la verdad, y contra la Gramática; y contra las leyes naturales. Sin embargo, para los intereses especiales a los que sirven, son buenas.
Son estatistas. Se hallan en guerra permanente con la realidad. Y son innumerables, han proliferado en Latinoamérica y el mundo, sobre todo a partir de los años ’30 del s. XX. Todo el Digesto Legislativo está repleto de ellas, y cada día se dictan más.
Pueden clasificarse en ocho grandes categorías temáticas; y a su vez cada una de ellas comprende varias clases, hasta totalizar 42 subcategorías o clases. Y cada clase comprende una, dos, tres o muchísimas leyes malas.
Categoría I: Actividades y relaciones productivas
1. Leyes de permisos y licencias gubernamentales para cualquier clase de actividades, comercios, industrias, transporte, escuelas, etc. El funcionario selecciona, no el cliente. Generan corrupción, y reducción de las fuentes de empleo, de su riqueza y variedad. Es también una de las causas de la pobreza, y de la mala calidad en los bienes y servicios.
2. Controles de Precios (“Precios Justos”) Si son precios máximos, generan las escaseces y mercados negros; y si son precios mínimos (“precios-sostén”), de los que se garantizan a los productores, generan los encarecimientos.
A veces en lugar de precios máximos se dictan leyes “de defensa del consumidor”, que como las anteriores (1) y casi todas las de esta Categoría I, agreden al empresario, restringiendo poderosamente el abanico de oportunidades en bienes y servicios del lado de la oferta, a disposición del consumidor, y también la oferta de empleos, a disposición del trabajador. Son otra de las causas de la pobreza, y de la mala calidad en los productos y servicios.
3. Leyes Anti-Monopolio (“Pro Competencia”) El monopolio es un privilegio gubernamental o legal que garantiza alguna posición de exclusividad. No obstante, estas leyes castigan el monopolio como una “posición de dominio”, así es como llaman al liderazgo comercial definido como gruesa participación de una empresa en un mercado, lo cual muchas veces es muestra de eficiencia y elección por la clientela. Estas leyes causan una “selección inversa” a manos de los Jurados Anti-Monopolio, por la cual las mejores empresas son atacadas por las peores y más ineficientes.
4. Leyes Anti-Dumping contra las importaciones. Basadas en la ridícula teoría del “dumping”, estas leyes cargan sobre los importadores unos “derechos antidumping” con tipos mucho mayores que los aranceles (27), y además excesivamente arbitrarios, y por ende mucho más perversos. También causan una “selección inversa” a manos de los Jurados Anti-Dumping; en este caso los proveedores de los mejores productos y servicios son atacados por quienes proveen los peores y más ineficientes.
5. Leyes de Empresas Estatales. Si las ventajas de la empresa estatal se traducen en precios artificialmente bajos, le significan competencia desleal al empresario privado; de otro modo, sus altos precios le significan una ventaja y una ganancia inmerecidas, al permitirle fijar sus propios precios al nivel de los de la empresa estatal.
6. Leyes sectoriales “de promoción” para actividades y rubros específicos. Se les otorgan injustos beneficios, en detrimento de los otros que no gozan de semejantes ventajas.
Estas leyes establecen posiciones monopolísticas de verdad, mediante privilegios legales otorgados de modo caprichoso, y distorsionan la asignación de factores productivos. De tal modo causan ineficiencias que siempre pagan los consumidores, los productores y/o los contribuyentes.
7. Leyes de “Propiedad Intelectual” o Copyright, no confundir con las leyes de Derechos de Autor, de Registro de Marcas, y de Patentes de Invención. Las dos primeras se justifican para evitar plagios; y el caso de los inventos es discutible. Pero no hay justificación alguna para castigar la reproducción libre de textos, música u obras artísticas o técnicas, etc.
8. Leyes de Radio y TV imponen un régimen de “concesiones” estatales en lugar de la propiedad privada de las frecuencias o longitudes de onda; de esta forma, además de las libertades económicas restringen la libertad de expresión, con pésimos efectos sobre la actividad política.
Categoría II: Impuestos y multas
9. Leyes de Impuestos excesivos, para recaudar un volumen muy superior al del total de recursos necesarios para pagar los costos de un Gobierno limitado.
Esta tributación desmedida es otra causa de la pobreza y miseria de los pueblos, porque es ley natural y general de la Economía que todos los impuestos se trasladan en cadena, por lo corriente de arriba hacia abajo en la escala social.
10. Leyes de Impuestos punitivos, para castigar de manera específica (haciendo “acepción de personas”, o de empresas o ramos) actividades como el trabajo, el ahorro, la inversión, la creación de empleos, la ganancia, etc.; por ejemplo los impuestos “progresivos”.
11. Leyes de Impuestos disfrazados como los impuestos indirectos, que se disfrazan en los precios y castigan las compras y el consumo salvajemente, golpeando por lo común a los más pobres con más fuerza.
12. Leyes de Impuestos fraudulentos como los decretados a las loterías y juegos, que reparten en premios sólo una ínfima proporción. También son impuestos disfrazados.
13. Leyes de Impuestos ocultos, p. ej. los costos en las tramitaciones. También lo son las leyes que causan inflación, como las relativas a los Bancos Centrales y al dinero puramente fiduciario (sin respaldo real). La inflación es un impuesto a los saldos líquidos, que traslada riqueza desde la sociedad civil al sector estatal, que desorganiza el esfuerzo productivo privado, y que frustra el ahorro y la inversión. Y que castiga muy especialmente a los más pobres; y a los acreedores en general, pero en particular a los perceptores de rentas fijas (“la viuda y el huérfano”)
14. Leyes de impuestos diferidos, como es el endeudamiento estatal (“público”). La deuda de hoy es el impuesto de mañana; así como el impuesto de hoy es la deuda de ayer.
15. Leyes de Impuestos decretados en forma de Multas, en extremo arbitrarias y con cualquier pretexto.
16. Leyes de Impuestos ilegales cobrados directamente como exacción por el funcionario corrupto; es el caso de las leyes reglamentaristas más discrecionales y abusivas, las que parecen dictadas con el propósito de exigir sobornos. El soborno es un impuesto ilegal; y es el más directo y brutal de los impuestos.
17. Leyes de Impuestos Discriminatorios, el caso de los aranceles (27) es el más notorio, pero todas las leyes de impuestos aplican tasas diferenciales, discriminando las personas, empresas, negocios y mercancías de ciertas clases, categorías o géneros, las que proceden de ciertas regiones, etc etc., en franca violación de uno de los más básicos principios de Justicia Contributiva: igualdad.
Categoría III: Moneda, Banca y Finanzas
18. Leyes de Crédito Público, las principales en lo relativo a la deuda estatal (14), relajan los controles para las autorizaciones en los compromisos asumidos por el Estado de una forma irresponsable, que grava sin misericordia a las generaciones presentes y futuras.
19. Leyes de Curso legal, compañeras inseparables de las leyes bancocentralistas (13) obligan al uso del dinero malo e impiden la libre elección de moneda.
20. Leyes de Encaje legal, autoriza a los bancos privados a multiplicar los créditos mucho más allá de los depósitos en reservas, en lo que se llama “banca de reservas fraccionarias”.
De esta forma se les permite a los bancos privados hacer con las operaciones de crédito lo mismo que hacen los Bancos Centrales con la base monetaria: inflar o expandir los medios de pago de modo indiscriminado, provocando de esa forma inflación de precios, con las consiguientes malas decisiones empresariales e inversiones. Así se causan los ciclos de auge artificial seguidos de brutales recesiones, con cierres de empresas, quiebras y desempleo masivo e involuntario.
21. Leyes de bancos son reglamentos que pre-establecen puntillosas condiciones para que los gobiernos y agencias gubernativas concedan las licencias a sus banqueros favoritos, y las nieguen al resto de aspirantes.
Con los bancos rige el principio general del estatismo: el funcionario gubernamental selecciona, escoge y califica a las empresas y a sus productos y servicios, a través de los procesos políticos y burocráticos, en lugar de hacerlo el cliente, consumidor o usuario, a través de los procesos de mercado. Y el funcionario también selecciona, escoge y califica los métodos comerciales, administrativos y de gestión, las políticas de personal etc., en lugar del empresario. Los banqueros que poseen las conexiones políticas apropiadas son favorecidos y se acogen al sistema, a cambio de ser relevados de su deber de soportar la libre competencia. Estos sí son verdaderos monopolios.
22. Leyes de seguros estatales para los depósitos bancarios: castigan a los bancos más exitosos con aportes obligatorios que se destinan a premiar a los menos exitosos. Esta injusticia sólo tiene parangón en las muy injustas leyes del trabajo (35), por las cuales, si Ud. es un trabajador capaz, honesto, competente y diligente, y yo soy todo lo contrario, a fin de mes ganamos igual salario Ud. y yo.
Categoría IV: Bolsa de Valores, Seguros, Cambios de Divisas
23. Leyes de Mercado de Capitales y Casas de Corretaje bursátil. Con los agentes y corredores de Bolsa también rige el principio general del estatismo: el funcionario gubernamental escoge y califica a las empresas, productos y servicios, a través de los procesos políticos y burocráticos, en lugar de hacerlo el cliente, a través de los procesos económicos de mercado. Y el funcionario también escoge y califica las políticas comerciales, de gestión etc., en lugar del empresario. Los corredores favorecidos se acogen gustosos al sistema, a cambio de ser relevados de su deber de soportar la libre competencia.
24. Leyes de Seguros. A las Compañías privadas de Seguros también aplica el mismo sistema descrito. Y también a las Casas de Cambio (25)
25. Leyes de Controles de Cambios y tipos diferenciales. Con el agravante de dictarse muchas veces estas leyes injustas, antieconómicas e irracionales, como todas las leyes estatistas. Los controles cambiarios establecen categorías de personas y empresas a las cuales el Estado favorece arbitrariamente con un tipo preferencial de cambio de divisas, en desmedro del resto de personas y agentes económicos, condenados a pagar el precio de mercado, que de este modo se hace artificialmente mayor.
Categoría V: Discriminaciones, e injustos privilegios
27. Leyes de aranceles “proteccionistas”, son impuestos a las importaciones, que las encarecen artificialmente, y a los rubros con ellas elaborados. Otorgan al productor nacional un privilegio, que condena al consumidor a pagar un sobreprecio.
28. Leyes de subsidios, financiados con impuestos y multas, implican injustificadas transferencias de rentas, desde los contribuyentes hacia los beneficiarios privilegiados: grupos de interese especiales a favor de tal o cual sector de la actividad económica. Y también grupos de intereses “no económicos” o calificados de “no lucrativos” (¿?), que alegan un supuesto compromiso con la ciencia, cultura, bellas artes, salud, deporte, etc. En esta categoría entran los “Programas Sociales”, por los cuales se obliga a la clase media a mantener al menos a otras dos clases sociales: a) la clase política de los “redistribuidores”; b) aquellos pobres que a su nivel poseen las conexiones políticas apropiadas para recibir las migajas del banquete a título de beneficiarios, a cambio del voto.
29. Leyes reglamentaristas de profesiones y oficios establecen privilegios en base a dudosos criterios, en detrimento de quienes carecen de influencia. Cada rama profesional o técnica cuenta con la suya. Protegen a los agremiados contra la libre competencia. Estos también son verdaderos monopolios, donde el carnet gremial sustituye a la capacidad y habilidades de conductores, locutores, barberos, peinadoras y manicuristas, cocineros y mesoneros, periodistas, entrenadores, modelos, maestros y profesores, etc. Los efectos nocivos de estas leyes son similares a las de permisos y licencias para actividades comerciales (1).
30. Leyes de alquileres que establecen “control de rentas” congelando los precios de los arrendamientos. Privilegian a cierta categoría de inquilinos, los que contrataron en el pasado, y perjudican a los nuevos demandantes, pues acaban con los incentivos para dar viviendas y habitaciones en alquiler. Protegen a un pequeño grupo de aprovechados y de intermediarios, perjudicando a los propietarios. Reducen la oferta habitacional para dar en arrendamiento; matan así a la industria de la construcción de viviendas para ofrecer. Mucho dañan a los matrimonios y familias jóvenes que no consiguen alquilar.
31. Leyes de crédito para la vivienda son dictadas como la “solución” a la escasez de vivienda que crean las leyes de alquileres (30). Muchas leyes malas crean problemas que después se pretende “resolver” con otras peores. Cuando alquilar y dar en alquiler se torna imposible, promueven la fiebre de la “¡casa propia ya!” Y dictan las leyes que rebajan o congelan los intereses de ciertos deudores hipotecarios, perjudicando al resto de usuarios de créditos, a quienes los bancos cobran tasas mayores para compensar pérdidas.
32. Leyes electorales y de partidos políticos que contienen muchas injusticias, comenzando por el sufragio universal que extiende el voto a los beneficiarios de Programas Sociales, y así les da voz y voto sobre el dinero de los contribuyentes de clase media que aportan el grueso de los montos a ellos destinados. El viejo adagio “No tributación sin representación” debe ser complementado con “No representación sin tributación”.
Las leyes de partidos políticos establecen una rígida dictadura estatista, imponiendo formas organizativas, de gobierno interno (supuestamente democráticas) y contenidos ideológicos (“política correcta”) a los partidos políticos. De igual modo que en las empresas, en el caso de los partidos es el funcionario es quien escoge, califica y decide.
33. Leyes de culto, iglesias y religiones. Cada vez que el Estado se entromete en esta materia es para otorgar privilegios a ciertas iglesias y congregaciones establecidas en desmedro de otras. Como siempre, es el funcionario es quien escoge, califica y decide.
Categoría VI: Empleos, trabajo y sindicatos
34. Leyes salariales y obreras fijan condiciones laborales que sólo pueden cumplir las empresas grandes y/o fuertes, que de todos modos contratan a los mejores obreros, más calificados. Y perjudican a los desempleados, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos que comienzan a trabajar, quienes podrían ser contratados en empresas menos rentables, con salarios menores. Y a los de mayor edad, que tampoco hallan puestos por las altas cargas del “Inseguro” Social.
35. Leyes del trabajo y de contratación colectiva que garantizan las mismas condiciones a todos los empleados y trabajadores por igual, con independencia de su desempeño y sus resultados: protegen a los menos capaces y/o menos cumplidores, y desestimulan de esta forma a los mejores.
36. Leyes sindicales que amparan a los obreros agremiados, y a sus jefes, jefecitos y caudillos, a expensas de los buenos trabajadores, que deben soportar la competencia desleal de los incompetentes. Y a costa de los empleadores, y de los consumidores que deben pagar precios encarecidos.
37. Leyes “protectoras” de niños y adolescentes que penalizan el trabajo de los jóvenes en tareas sencillas: barrido y limpieza, ayudantías, mandados, etc. Les impiden así ganarse la vida dignamente, apoyar a sus familias pobres, y aprender un oficio. Les arrojan a las calles: al vicio, a la prostitución, al crimen y/o a la mendicidad.
Categoría VII: Actividades “sociales”
38. Leyes de “educación” que no dan los resultados que declaran perseguir: la educación es cada vez peor. Esto porque la real finalidad de la enseñanza controlada por el Estado no es educar sino catequizar a la población en las doctrinas del estatismo. No enseñan la verdad, que no les interesa; se enfocan casi exclusivamente en ciertas “técnicas” y herramientas de producción y de gestión escogidas por los burócratas como las más “eficaces”.
Y desde la Universidad hasta la enseñanza elemental, las pocas doctrinas que se inculcan a los estudiantes son aquellas que justifican, legitiman, promueven y afirman la dominación estatista sobre todas las esferas privadas.
39. Leyes de “Salud Pública”. La idea no es mantener a la población saludable sino bien controlada. El concepto de “Salud Pública” procede de una indebida y abusiva extensión del concepto de Obras de Salubridad, legítimamente incluido entre las Obras Públicas, pero que alude solamente al control de los focos epidémicos.
40. Leyes del seguro social que establecen fondos colectivos en base al sistema del pote común: los pagos de los beneficiarios no salen de buenas inversiones privadas sino de las cotizaciones de quienes van ingresando. Los magros beneficios que pagan a los muy pocos y afortunados elegibles son costeados de modo indiscriminado por los cotizantes activos. Lo irónico es que si lo hace un particular es un delito, y se llama fraude Ponzi o “la bicicleta financiera”; pero si lo hace el Estado se llama “solidaridad social”.
Categoría VIII: Drogas y ambientalismo, criminalidad y justicia
41. Leyes antidroga ya no se sabe qué resultados se esperan: en país alguno reducen las ventas, la producción o el tráfico. Año a año aumentan la compra, el consumo, la siembra y fabricación, y el comercio ilegal de sustancias sicotrópicas y estupefacientes. Y aumentan exponencialmente los delitos ligados: millares de consumidores pobres se prostituyen y/o se hacen revendedores minoristas, ladrones o asesinos sólo para pagarse el vicio; impera la corrupción en todas las esferas; y las interminables guerras entre pandillas.
42. Leyes ambientalistas que declaran perseguir un “desarrollo sostenible” pero el efecto es impedir el desarrollo. Manipulan con fines políticos lo que llaman “la ciencia”, que es una de las religiones populares de hoy en día. Con acusaciones puramente alarmistas y sin evidencias suficientes, hipótesis exageradas y conjeturas sin fundamento, frenan el progreso de las tecnologías, las industrias, las empresas y las naciones. Agenda oculta: brindar nuevos y mayores pretextos a los Gobiernos para decretar más controles, más burocracia, y más impuestos.
43. Leyes comunes hay de dos clases: a) leyes criminales o de derecho penal; y b) leyes civiles y comerciales o leyes generales de derecho ordinario. Las primeras son actualmente muy malas, y las segundas no; siendo las únicas leyes buenas, casi no se aplican.
Leyes criminales centradas en el victimario: a la cárcel; y la víctima: al olvido. ¿Para qué cárcel? Si la justicia penal es punitiva o vengativa, para castigar al culpable. Si la justicia penal es positivista de ingeniería social, para “regenerarle”, y “reinsertarle en la sociedad”; lo que poco se logra. Pero en ambos casos el medio es el mismo: privación de la libertad. Y el enfoque es el mismo, centrado en el delincuente.
Hay otro concepto: la justicia resarcitoria o compensatoria, centrada en la víctima. Más que encerrar al criminal, se le pone a trabajar, para que restaure o compense. Si hay razones para sospechar potencial peligrosidad y probable reincidencia, podría ser en la cárcel; pero no se justifica en otro caso. El trabajo en la cárcel serviría para sostener en lo económico al sentenciado, en lugar de condenar a esa pena al contribuyente. Así las víctimas serían atendidas, y las cárceles se desatestarían.
Leyes civiles y comerciales como las de los antiguos Códigos Civiles y Comerciales de derecho ordinario, estableciendo pautas y reglas generales de justicia objetiva, muy respetuosas de los acuerdos y contratos celebrados por las partes. Es de lamentar que estas leyes buenas casi no son aplicables, porque sus ámbitos de vigencia han sido muy drásticamente recortados y estrechados por las leyes especiales, malas casi todas, dictadas con posterioridad, y enumeradas en este Catálogo.
Las leyes especiales se basan en la idea de “prevención”. Declaran como propósito “prevenir” ciertos abusos o injusticias, reales o supuestos. Con el hipotético fin de evitarlos, los Parlamentos decretan una Ley Especial para el tema o materia, e instituyen una oficina o agencia especial del Gobierno para su aplicación, que combina funciones reglamentarias, consultivas, ejecutivas y judiciales, en franca violación de las reglas relativas al debido proceso.
Este concepto de la “prevención” se basa en la creencia roussoniana y positivista de que el mal puede evitarse si las leyes se inspiran en la “dirección científica de la sociedad”, lo que Hayek llamaba la “ingeniería social”. Se cree que la sociedad es como un gran mecanismo o máquina, ciertamente complicado, pero no intratable científica y técnicamente. Para hacer las leyes especiales se requiere el concurso de muy bien pagados asesores supuestamente sabios o “expertos” en las diversas “ciencias sociales”, capaces de imaginar anticipadamente el mal en todas y cada una de sus expresiones, y prevenirlo por medios legales.
¿Resultados? Están a la vista: subdesarrollo, desempleo, pobreza y miseria, desnutrición y enfermedades, educación paupérrima e ignorancia generalizada, injusticia, violencia.
Pero hay otro concepto: el de la justicia en libertad, que es el del Derecho ordinario. La idea es muy simple: Ud. pone un negocio o inicia una actividad, para lo cual celebra acuerdos o contratos formales con sus socios, sus clientes, y con sus abastecedores o proveedores de capital, de bienes intermedios, energía y servicios y otros recursos productivos, todo esto bajo el imperio de las leyes generales de Derecho ordinario. Sin pedirle permiso al Gobierno, sin llenar formularios impresos, sin papeleo y sin gastos. Y si en el curso de sus actividades, Ud. u otra persona halla que alguien le causa o ha causado un perjuicio tangible y comprobable, entonces acude a un Juez ordinario, que resuelve en base al Derecho ordinario, mediante una sentencia que fija en su caso una responsabilidad y una justa compensación por los daños, si los hubiere. Es mucho más simple, sencillo, más natural, menos trabajoso y menos costoso. Es el sistema de Gobierno limitado, como Dios manda.
Es de notar que la mayor parte de las leyes malas dictadas en las últimas décadas son importadas y no de factura nacional. Se firman como Acuerdos, Convenios o Protocolos Internacionales en las Agencias de la ONU como la OIT, FAO, UNESCO, OMS, PNUD, UNICEF, ONUDD, FMI y Banco Mundial y las demás; luego los Congresos y Parlamentos nacionales las ratifican y convierten en leyes del país.
Así es como vamos camino de un Estatismo Global, hacia un Gobierno Mundial para todo el planeta.
(*) Alberto Mansueti es abogado y politólogo. Es asesor permanente de la Dirección Nacional del Movimiento Liberal Libertario Resistencia Civil y Directivo del Autonomista Liberal y Zuliano Movimiento Rumbo Propio.
La derogación de las leyes malas, que lo son casi todas las leyes especiales. Son malas porque atentan contra la libertad y la justicia, contra el trabajo, el ahorro y la inversión, la economía en general, y la familia, la educación, los partidos, las iglesias y el buen Gobierno. También atentan contra la lógica y el buen sentido, contra la verdad, y contra la Gramática; y contra las leyes naturales. Sin embargo, para los intereses especiales a los que sirven, son buenas.
Son estatistas. Se hallan en guerra permanente con la realidad. Y son innumerables, han proliferado en Latinoamérica y el mundo, sobre todo a partir de los años ’30 del s. XX. Todo el Digesto Legislativo está repleto de ellas, y cada día se dictan más.
Pueden clasificarse en ocho grandes categorías temáticas; y a su vez cada una de ellas comprende varias clases, hasta totalizar 42 subcategorías o clases. Y cada clase comprende una, dos, tres o muchísimas leyes malas.
Categoría I: Actividades y relaciones productivas
1. Leyes de permisos y licencias gubernamentales para cualquier clase de actividades, comercios, industrias, transporte, escuelas, etc. El funcionario selecciona, no el cliente. Generan corrupción, y reducción de las fuentes de empleo, de su riqueza y variedad. Es también una de las causas de la pobreza, y de la mala calidad en los bienes y servicios.
2. Controles de Precios (“Precios Justos”) Si son precios máximos, generan las escaseces y mercados negros; y si son precios mínimos (“precios-sostén”), de los que se garantizan a los productores, generan los encarecimientos.
A veces en lugar de precios máximos se dictan leyes “de defensa del consumidor”, que como las anteriores (1) y casi todas las de esta Categoría I, agreden al empresario, restringiendo poderosamente el abanico de oportunidades en bienes y servicios del lado de la oferta, a disposición del consumidor, y también la oferta de empleos, a disposición del trabajador. Son otra de las causas de la pobreza, y de la mala calidad en los productos y servicios.
3. Leyes Anti-Monopolio (“Pro Competencia”) El monopolio es un privilegio gubernamental o legal que garantiza alguna posición de exclusividad. No obstante, estas leyes castigan el monopolio como una “posición de dominio”, así es como llaman al liderazgo comercial definido como gruesa participación de una empresa en un mercado, lo cual muchas veces es muestra de eficiencia y elección por la clientela. Estas leyes causan una “selección inversa” a manos de los Jurados Anti-Monopolio, por la cual las mejores empresas son atacadas por las peores y más ineficientes.
4. Leyes Anti-Dumping contra las importaciones. Basadas en la ridícula teoría del “dumping”, estas leyes cargan sobre los importadores unos “derechos antidumping” con tipos mucho mayores que los aranceles (27), y además excesivamente arbitrarios, y por ende mucho más perversos. También causan una “selección inversa” a manos de los Jurados Anti-Dumping; en este caso los proveedores de los mejores productos y servicios son atacados por quienes proveen los peores y más ineficientes.
5. Leyes de Empresas Estatales. Si las ventajas de la empresa estatal se traducen en precios artificialmente bajos, le significan competencia desleal al empresario privado; de otro modo, sus altos precios le significan una ventaja y una ganancia inmerecidas, al permitirle fijar sus propios precios al nivel de los de la empresa estatal.
6. Leyes sectoriales “de promoción” para actividades y rubros específicos. Se les otorgan injustos beneficios, en detrimento de los otros que no gozan de semejantes ventajas.
Estas leyes establecen posiciones monopolísticas de verdad, mediante privilegios legales otorgados de modo caprichoso, y distorsionan la asignación de factores productivos. De tal modo causan ineficiencias que siempre pagan los consumidores, los productores y/o los contribuyentes.
7. Leyes de “Propiedad Intelectual” o Copyright, no confundir con las leyes de Derechos de Autor, de Registro de Marcas, y de Patentes de Invención. Las dos primeras se justifican para evitar plagios; y el caso de los inventos es discutible. Pero no hay justificación alguna para castigar la reproducción libre de textos, música u obras artísticas o técnicas, etc.
8. Leyes de Radio y TV imponen un régimen de “concesiones” estatales en lugar de la propiedad privada de las frecuencias o longitudes de onda; de esta forma, además de las libertades económicas restringen la libertad de expresión, con pésimos efectos sobre la actividad política.
Categoría II: Impuestos y multas
9. Leyes de Impuestos excesivos, para recaudar un volumen muy superior al del total de recursos necesarios para pagar los costos de un Gobierno limitado.
Esta tributación desmedida es otra causa de la pobreza y miseria de los pueblos, porque es ley natural y general de la Economía que todos los impuestos se trasladan en cadena, por lo corriente de arriba hacia abajo en la escala social.
10. Leyes de Impuestos punitivos, para castigar de manera específica (haciendo “acepción de personas”, o de empresas o ramos) actividades como el trabajo, el ahorro, la inversión, la creación de empleos, la ganancia, etc.; por ejemplo los impuestos “progresivos”.
11. Leyes de Impuestos disfrazados como los impuestos indirectos, que se disfrazan en los precios y castigan las compras y el consumo salvajemente, golpeando por lo común a los más pobres con más fuerza.
12. Leyes de Impuestos fraudulentos como los decretados a las loterías y juegos, que reparten en premios sólo una ínfima proporción. También son impuestos disfrazados.
13. Leyes de Impuestos ocultos, p. ej. los costos en las tramitaciones. También lo son las leyes que causan inflación, como las relativas a los Bancos Centrales y al dinero puramente fiduciario (sin respaldo real). La inflación es un impuesto a los saldos líquidos, que traslada riqueza desde la sociedad civil al sector estatal, que desorganiza el esfuerzo productivo privado, y que frustra el ahorro y la inversión. Y que castiga muy especialmente a los más pobres; y a los acreedores en general, pero en particular a los perceptores de rentas fijas (“la viuda y el huérfano”)
14. Leyes de impuestos diferidos, como es el endeudamiento estatal (“público”). La deuda de hoy es el impuesto de mañana; así como el impuesto de hoy es la deuda de ayer.
15. Leyes de Impuestos decretados en forma de Multas, en extremo arbitrarias y con cualquier pretexto.
16. Leyes de Impuestos ilegales cobrados directamente como exacción por el funcionario corrupto; es el caso de las leyes reglamentaristas más discrecionales y abusivas, las que parecen dictadas con el propósito de exigir sobornos. El soborno es un impuesto ilegal; y es el más directo y brutal de los impuestos.
17. Leyes de Impuestos Discriminatorios, el caso de los aranceles (27) es el más notorio, pero todas las leyes de impuestos aplican tasas diferenciales, discriminando las personas, empresas, negocios y mercancías de ciertas clases, categorías o géneros, las que proceden de ciertas regiones, etc etc., en franca violación de uno de los más básicos principios de Justicia Contributiva: igualdad.
Categoría III: Moneda, Banca y Finanzas
18. Leyes de Crédito Público, las principales en lo relativo a la deuda estatal (14), relajan los controles para las autorizaciones en los compromisos asumidos por el Estado de una forma irresponsable, que grava sin misericordia a las generaciones presentes y futuras.
19. Leyes de Curso legal, compañeras inseparables de las leyes bancocentralistas (13) obligan al uso del dinero malo e impiden la libre elección de moneda.
20. Leyes de Encaje legal, autoriza a los bancos privados a multiplicar los créditos mucho más allá de los depósitos en reservas, en lo que se llama “banca de reservas fraccionarias”.
De esta forma se les permite a los bancos privados hacer con las operaciones de crédito lo mismo que hacen los Bancos Centrales con la base monetaria: inflar o expandir los medios de pago de modo indiscriminado, provocando de esa forma inflación de precios, con las consiguientes malas decisiones empresariales e inversiones. Así se causan los ciclos de auge artificial seguidos de brutales recesiones, con cierres de empresas, quiebras y desempleo masivo e involuntario.
21. Leyes de bancos son reglamentos que pre-establecen puntillosas condiciones para que los gobiernos y agencias gubernativas concedan las licencias a sus banqueros favoritos, y las nieguen al resto de aspirantes.
Con los bancos rige el principio general del estatismo: el funcionario gubernamental selecciona, escoge y califica a las empresas y a sus productos y servicios, a través de los procesos políticos y burocráticos, en lugar de hacerlo el cliente, consumidor o usuario, a través de los procesos de mercado. Y el funcionario también selecciona, escoge y califica los métodos comerciales, administrativos y de gestión, las políticas de personal etc., en lugar del empresario. Los banqueros que poseen las conexiones políticas apropiadas son favorecidos y se acogen al sistema, a cambio de ser relevados de su deber de soportar la libre competencia. Estos sí son verdaderos monopolios.
22. Leyes de seguros estatales para los depósitos bancarios: castigan a los bancos más exitosos con aportes obligatorios que se destinan a premiar a los menos exitosos. Esta injusticia sólo tiene parangón en las muy injustas leyes del trabajo (35), por las cuales, si Ud. es un trabajador capaz, honesto, competente y diligente, y yo soy todo lo contrario, a fin de mes ganamos igual salario Ud. y yo.
Categoría IV: Bolsa de Valores, Seguros, Cambios de Divisas
23. Leyes de Mercado de Capitales y Casas de Corretaje bursátil. Con los agentes y corredores de Bolsa también rige el principio general del estatismo: el funcionario gubernamental escoge y califica a las empresas, productos y servicios, a través de los procesos políticos y burocráticos, en lugar de hacerlo el cliente, a través de los procesos económicos de mercado. Y el funcionario también escoge y califica las políticas comerciales, de gestión etc., en lugar del empresario. Los corredores favorecidos se acogen gustosos al sistema, a cambio de ser relevados de su deber de soportar la libre competencia.
24. Leyes de Seguros. A las Compañías privadas de Seguros también aplica el mismo sistema descrito. Y también a las Casas de Cambio (25)
25. Leyes de Controles de Cambios y tipos diferenciales. Con el agravante de dictarse muchas veces estas leyes injustas, antieconómicas e irracionales, como todas las leyes estatistas. Los controles cambiarios establecen categorías de personas y empresas a las cuales el Estado favorece arbitrariamente con un tipo preferencial de cambio de divisas, en desmedro del resto de personas y agentes económicos, condenados a pagar el precio de mercado, que de este modo se hace artificialmente mayor.
Categoría V: Discriminaciones, e injustos privilegios
27. Leyes de aranceles “proteccionistas”, son impuestos a las importaciones, que las encarecen artificialmente, y a los rubros con ellas elaborados. Otorgan al productor nacional un privilegio, que condena al consumidor a pagar un sobreprecio.
28. Leyes de subsidios, financiados con impuestos y multas, implican injustificadas transferencias de rentas, desde los contribuyentes hacia los beneficiarios privilegiados: grupos de interese especiales a favor de tal o cual sector de la actividad económica. Y también grupos de intereses “no económicos” o calificados de “no lucrativos” (¿?), que alegan un supuesto compromiso con la ciencia, cultura, bellas artes, salud, deporte, etc. En esta categoría entran los “Programas Sociales”, por los cuales se obliga a la clase media a mantener al menos a otras dos clases sociales: a) la clase política de los “redistribuidores”; b) aquellos pobres que a su nivel poseen las conexiones políticas apropiadas para recibir las migajas del banquete a título de beneficiarios, a cambio del voto.
29. Leyes reglamentaristas de profesiones y oficios establecen privilegios en base a dudosos criterios, en detrimento de quienes carecen de influencia. Cada rama profesional o técnica cuenta con la suya. Protegen a los agremiados contra la libre competencia. Estos también son verdaderos monopolios, donde el carnet gremial sustituye a la capacidad y habilidades de conductores, locutores, barberos, peinadoras y manicuristas, cocineros y mesoneros, periodistas, entrenadores, modelos, maestros y profesores, etc. Los efectos nocivos de estas leyes son similares a las de permisos y licencias para actividades comerciales (1).
30. Leyes de alquileres que establecen “control de rentas” congelando los precios de los arrendamientos. Privilegian a cierta categoría de inquilinos, los que contrataron en el pasado, y perjudican a los nuevos demandantes, pues acaban con los incentivos para dar viviendas y habitaciones en alquiler. Protegen a un pequeño grupo de aprovechados y de intermediarios, perjudicando a los propietarios. Reducen la oferta habitacional para dar en arrendamiento; matan así a la industria de la construcción de viviendas para ofrecer. Mucho dañan a los matrimonios y familias jóvenes que no consiguen alquilar.
31. Leyes de crédito para la vivienda son dictadas como la “solución” a la escasez de vivienda que crean las leyes de alquileres (30). Muchas leyes malas crean problemas que después se pretende “resolver” con otras peores. Cuando alquilar y dar en alquiler se torna imposible, promueven la fiebre de la “¡casa propia ya!” Y dictan las leyes que rebajan o congelan los intereses de ciertos deudores hipotecarios, perjudicando al resto de usuarios de créditos, a quienes los bancos cobran tasas mayores para compensar pérdidas.
32. Leyes electorales y de partidos políticos que contienen muchas injusticias, comenzando por el sufragio universal que extiende el voto a los beneficiarios de Programas Sociales, y así les da voz y voto sobre el dinero de los contribuyentes de clase media que aportan el grueso de los montos a ellos destinados. El viejo adagio “No tributación sin representación” debe ser complementado con “No representación sin tributación”.
Las leyes de partidos políticos establecen una rígida dictadura estatista, imponiendo formas organizativas, de gobierno interno (supuestamente democráticas) y contenidos ideológicos (“política correcta”) a los partidos políticos. De igual modo que en las empresas, en el caso de los partidos es el funcionario es quien escoge, califica y decide.
33. Leyes de culto, iglesias y religiones. Cada vez que el Estado se entromete en esta materia es para otorgar privilegios a ciertas iglesias y congregaciones establecidas en desmedro de otras. Como siempre, es el funcionario es quien escoge, califica y decide.
Categoría VI: Empleos, trabajo y sindicatos
34. Leyes salariales y obreras fijan condiciones laborales que sólo pueden cumplir las empresas grandes y/o fuertes, que de todos modos contratan a los mejores obreros, más calificados. Y perjudican a los desempleados, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos que comienzan a trabajar, quienes podrían ser contratados en empresas menos rentables, con salarios menores. Y a los de mayor edad, que tampoco hallan puestos por las altas cargas del “Inseguro” Social.
35. Leyes del trabajo y de contratación colectiva que garantizan las mismas condiciones a todos los empleados y trabajadores por igual, con independencia de su desempeño y sus resultados: protegen a los menos capaces y/o menos cumplidores, y desestimulan de esta forma a los mejores.
36. Leyes sindicales que amparan a los obreros agremiados, y a sus jefes, jefecitos y caudillos, a expensas de los buenos trabajadores, que deben soportar la competencia desleal de los incompetentes. Y a costa de los empleadores, y de los consumidores que deben pagar precios encarecidos.
37. Leyes “protectoras” de niños y adolescentes que penalizan el trabajo de los jóvenes en tareas sencillas: barrido y limpieza, ayudantías, mandados, etc. Les impiden así ganarse la vida dignamente, apoyar a sus familias pobres, y aprender un oficio. Les arrojan a las calles: al vicio, a la prostitución, al crimen y/o a la mendicidad.
Categoría VII: Actividades “sociales”
38. Leyes de “educación” que no dan los resultados que declaran perseguir: la educación es cada vez peor. Esto porque la real finalidad de la enseñanza controlada por el Estado no es educar sino catequizar a la población en las doctrinas del estatismo. No enseñan la verdad, que no les interesa; se enfocan casi exclusivamente en ciertas “técnicas” y herramientas de producción y de gestión escogidas por los burócratas como las más “eficaces”.
Y desde la Universidad hasta la enseñanza elemental, las pocas doctrinas que se inculcan a los estudiantes son aquellas que justifican, legitiman, promueven y afirman la dominación estatista sobre todas las esferas privadas.
39. Leyes de “Salud Pública”. La idea no es mantener a la población saludable sino bien controlada. El concepto de “Salud Pública” procede de una indebida y abusiva extensión del concepto de Obras de Salubridad, legítimamente incluido entre las Obras Públicas, pero que alude solamente al control de los focos epidémicos.
40. Leyes del seguro social que establecen fondos colectivos en base al sistema del pote común: los pagos de los beneficiarios no salen de buenas inversiones privadas sino de las cotizaciones de quienes van ingresando. Los magros beneficios que pagan a los muy pocos y afortunados elegibles son costeados de modo indiscriminado por los cotizantes activos. Lo irónico es que si lo hace un particular es un delito, y se llama fraude Ponzi o “la bicicleta financiera”; pero si lo hace el Estado se llama “solidaridad social”.
Categoría VIII: Drogas y ambientalismo, criminalidad y justicia
41. Leyes antidroga ya no se sabe qué resultados se esperan: en país alguno reducen las ventas, la producción o el tráfico. Año a año aumentan la compra, el consumo, la siembra y fabricación, y el comercio ilegal de sustancias sicotrópicas y estupefacientes. Y aumentan exponencialmente los delitos ligados: millares de consumidores pobres se prostituyen y/o se hacen revendedores minoristas, ladrones o asesinos sólo para pagarse el vicio; impera la corrupción en todas las esferas; y las interminables guerras entre pandillas.
42. Leyes ambientalistas que declaran perseguir un “desarrollo sostenible” pero el efecto es impedir el desarrollo. Manipulan con fines políticos lo que llaman “la ciencia”, que es una de las religiones populares de hoy en día. Con acusaciones puramente alarmistas y sin evidencias suficientes, hipótesis exageradas y conjeturas sin fundamento, frenan el progreso de las tecnologías, las industrias, las empresas y las naciones. Agenda oculta: brindar nuevos y mayores pretextos a los Gobiernos para decretar más controles, más burocracia, y más impuestos.
43. Leyes comunes hay de dos clases: a) leyes criminales o de derecho penal; y b) leyes civiles y comerciales o leyes generales de derecho ordinario. Las primeras son actualmente muy malas, y las segundas no; siendo las únicas leyes buenas, casi no se aplican.
Leyes criminales centradas en el victimario: a la cárcel; y la víctima: al olvido. ¿Para qué cárcel? Si la justicia penal es punitiva o vengativa, para castigar al culpable. Si la justicia penal es positivista de ingeniería social, para “regenerarle”, y “reinsertarle en la sociedad”; lo que poco se logra. Pero en ambos casos el medio es el mismo: privación de la libertad. Y el enfoque es el mismo, centrado en el delincuente.
Hay otro concepto: la justicia resarcitoria o compensatoria, centrada en la víctima. Más que encerrar al criminal, se le pone a trabajar, para que restaure o compense. Si hay razones para sospechar potencial peligrosidad y probable reincidencia, podría ser en la cárcel; pero no se justifica en otro caso. El trabajo en la cárcel serviría para sostener en lo económico al sentenciado, en lugar de condenar a esa pena al contribuyente. Así las víctimas serían atendidas, y las cárceles se desatestarían.
Leyes civiles y comerciales como las de los antiguos Códigos Civiles y Comerciales de derecho ordinario, estableciendo pautas y reglas generales de justicia objetiva, muy respetuosas de los acuerdos y contratos celebrados por las partes. Es de lamentar que estas leyes buenas casi no son aplicables, porque sus ámbitos de vigencia han sido muy drásticamente recortados y estrechados por las leyes especiales, malas casi todas, dictadas con posterioridad, y enumeradas en este Catálogo.
Las leyes especiales se basan en la idea de “prevención”. Declaran como propósito “prevenir” ciertos abusos o injusticias, reales o supuestos. Con el hipotético fin de evitarlos, los Parlamentos decretan una Ley Especial para el tema o materia, e instituyen una oficina o agencia especial del Gobierno para su aplicación, que combina funciones reglamentarias, consultivas, ejecutivas y judiciales, en franca violación de las reglas relativas al debido proceso.
Este concepto de la “prevención” se basa en la creencia roussoniana y positivista de que el mal puede evitarse si las leyes se inspiran en la “dirección científica de la sociedad”, lo que Hayek llamaba la “ingeniería social”. Se cree que la sociedad es como un gran mecanismo o máquina, ciertamente complicado, pero no intratable científica y técnicamente. Para hacer las leyes especiales se requiere el concurso de muy bien pagados asesores supuestamente sabios o “expertos” en las diversas “ciencias sociales”, capaces de imaginar anticipadamente el mal en todas y cada una de sus expresiones, y prevenirlo por medios legales.
¿Resultados? Están a la vista: subdesarrollo, desempleo, pobreza y miseria, desnutrición y enfermedades, educación paupérrima e ignorancia generalizada, injusticia, violencia.
Pero hay otro concepto: el de la justicia en libertad, que es el del Derecho ordinario. La idea es muy simple: Ud. pone un negocio o inicia una actividad, para lo cual celebra acuerdos o contratos formales con sus socios, sus clientes, y con sus abastecedores o proveedores de capital, de bienes intermedios, energía y servicios y otros recursos productivos, todo esto bajo el imperio de las leyes generales de Derecho ordinario. Sin pedirle permiso al Gobierno, sin llenar formularios impresos, sin papeleo y sin gastos. Y si en el curso de sus actividades, Ud. u otra persona halla que alguien le causa o ha causado un perjuicio tangible y comprobable, entonces acude a un Juez ordinario, que resuelve en base al Derecho ordinario, mediante una sentencia que fija en su caso una responsabilidad y una justa compensación por los daños, si los hubiere. Es mucho más simple, sencillo, más natural, menos trabajoso y menos costoso. Es el sistema de Gobierno limitado, como Dios manda.
Es de notar que la mayor parte de las leyes malas dictadas en las últimas décadas son importadas y no de factura nacional. Se firman como Acuerdos, Convenios o Protocolos Internacionales en las Agencias de la ONU como la OIT, FAO, UNESCO, OMS, PNUD, UNICEF, ONUDD, FMI y Banco Mundial y las demás; luego los Congresos y Parlamentos nacionales las ratifican y convierten en leyes del país.
Así es como vamos camino de un Estatismo Global, hacia un Gobierno Mundial para todo el planeta.
Nota: Los postulados del Dr. Mansueti son compartidos por la UCEDE en algunos puntos, pero no en todos, sin embargo consideramos importante que las ideas sean difundidas y debatidas, teniendo en cuenta que cada país tiene sus particularidades y necesidades espécificas.
9 de diciembre de 2014
5 de diciembre de 2014
Álvaro Alsogaray - Discursos - Presupuesto del año 1984 (1984)
Reunión 25ª – 24 y 25 de Septiembre de 1984
Sr. Alsogaray.- Señor presidente: las exposiciones de los diputados preopinantes presentan dos notables aspectos- Uno es que las bancadas justicialista e intransigente se han ocupado de demoler el presupuesto, y sacaron como conclusión “lógica” que lo van a aprobar, por lo menos en general (Aplausos.) La otra es que ninguno de los dos diputados puede ser considerado “imperialista”, en el sentido de defender los intereses del país del Norte, sobre todo, el diputado Monserrrat. Sin embargo, ambos han expresado las cifras en dólares en lugar de moneda nacional, lo cual me obliga a hablar en los mismos términos para hacer homogéneas las cifras; de lo contrario, no nos entenderíamos.
Efectuadas estas breves acotaciones, debo señalar que indudablemente el presupuesto constituye un instrumento fundamental para la política económica y refleja la orientación del gobierno en esa materia. Por lo tanto, no se puede hablar del presupuesto sin realizar una breve incursión sobre el campo de la política económica.
Dado lo avanzado de la hora, trataré de ser lo más breve posible. Además, las enjundiosas exposiciones anteriores me eximen de referirme a determinados aspectos que ya han sido señalados.
Por otra parte, tratar el presupuesto casi en el mes de octubre no es muy útil por cuanto ya se encuentra ejecutado en sus dos terceras partes. De todos modos vale la pena considerarlo porque del examen de sus aspectos esenciales podemos extraer las directivas que regirán el próximo presupuesto, el cual debería encontrarse en Congreso a esta altura del año. Como el Poder Ejecutivo ha solicitado una prórroga esperamos que llegue antes del 15 de noviembre.
Pero la consideración de la política no se puede hacer en abstracto ni en forma intemporal; debe ubicársela dentro de las circunstancias en que se la aplica. Por eso debemos en este caso analizarla partiendo de la situación del país en 10 de diciembre del año próximo pasado, fecha en que asumió un nuevo gobierno.
Evidentemente, dicho gobierno recibió una herencia muy pesada, cuyos principales factores son: deuda externa, gasto público, déficit e inflación próxima a la hiperinflación, y un sistema financiero y empresarial desequilibrado y debilitado.
Como todos recuerdan, la deuda externa alcanzaba en ese momento a 43 mil millones de dólares. Debíamos pagar, o mejor dicho refinanciar –porque no teníamos con que pagar- , durante 1984, alrededor de 20 mil millones de dólares resultantes de los vencimientos correspondientes a los años 1982, 1983 y los que se producirían en 1984. El servicio de esa deuda expresado en dólares significa alrededor de 5.000 millones de dicha moneda, que es algo más de la mitad del total de las exportaciones argentinas. El gasto público y el déficit nos habían arrastrado ya a una inflación que en aquel momento alcanzaba al 434 por ciento, considerando diciembre de 1983 con respecto al mismo mes de 1982. Esa cifra nos ubicaba cerca de la hiperinflación.
Con relación al tercer punto, o sea el sistema financiero y empresarial desequilibrado y debilitado, cabe decir que el aspecto más saliente era la baja monetización de la economía argentina. El coeficiente de liquidez medido en M-1, es decir, verdadera moneda, alcanzaba en la Argentina el 3,2 por ciento del producto bruto, y un país que pretende independencia económica y libertad de movimientos, no debería tener menos del 40 o el 50 por ciento. Aquel 3,2 por ciento equivale a 2.240 millones de dólares, cifra totalmente insuficiente para mover el aparato productivo del país.
Si medimos la monetización en M-2, es decir, incluyendo los depósitos a interés (recursos monetarios), el porcentaje se eleva al 12,3 lo que nos da un monto de 8.600 millones de dólares. Pero para comparar esta cifra con la de países bien monetizados, hay que tener en cuenta que en estos se ubica en el 60 por ciento.
Los bancos provinciales y algunos estatales nacionales estaban en bancarrota. Los bancos privados tenían gran parte de sus carteras inmovilizadas. Las empresas se hallaban altamente endeudadas y la inversión había caído en un 18,1 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado con respecto al cuarto trimestre de 1982. Esa era la herencia recibida y el punto de partida del nuevo gobierno, que indudablemente era muy bajo.
Las elecciones del 30 de Octubre nos permitieron volver a las formas constitucionales y democráticas, y digo a las formas solamente porque en el fondo aún no lo hemos logrado en el campo económico, donde estamos violando constantemente la Constitución y falseando la democracia. Sin embargo, aunque sea en las formas, el 30 de Octubre se ganó mucho porque se terminó con un largo periodo de gobiernos autoritarios. Además, prácticamente concluyó el viejo problema del enfrentamiento peronismo-antiperonismo, por lo menos en su forma tradicional. Seguirá existiendo en el futuro pero como lucha entre partidos políticos, lo cual es normal. Es decir que estaban dadas las formas para reparar la herencia recibida y reencauzar el país. Reencauzar el país en ese momento significaba adoptar una política capaz de provocar un shock de confianza, con el consiguiente retorno de los capitales argentinos actualmente en el exterior y la afluencia de capitales extranjeros. Ese ingreso de dinero hubiera provocado una dramática caída de las tasas de interés; las empresas habrían vuelto entonces a invertir, y se hubiera logrado la reactivación de la economía con el consiguiente crecimiento del salario real.
Desgraciadamente esa oportunidad que se presentaba el 10 de Diciembre fue desaprovechada y no volverá a presentarse mientras no cambien las condiciones políticas que sólo el Presidente de la República puede cambiar. Debemos tener en cuenta que las circunstancias actuales no son las del 10 de Diciembre y que el margen de maniobra es cada vez más pequeño. Estamos peligrosamente al borde de la cesación de pagos y también de la hiperinflación.
¿Por qué ocurrió todo esto? Porque el partido gobernante llegó al poder sin planes, con una confusa ideología dirigista y “voluntarista”. No se le pedía al gobierno que diera soluciones a breve plazo pero sí que hiciera conocer sus planes para que todos pudiéramos orientarnos. No hubo respuesta a estos requerimientos y sólo se optó por recurrir a medidas dirigistas e inflacionarias.
Esa situación culminó el 30 de Agosto último, fecha a la cual me referiré más adelante. Es el momento en que se completa el cuadro dirigista y espero que sea por última vez en la República.
El gobierno se ha proclamado a si mismo intervencionista, de manea que su filiación dirigista está admitida. En cuando a que es inflacionario, no hay necesidad de demostrarlo, porque ya tenemos el 650 por ciento de inflación y dentro de pocas semanas estaremos en el 700 por ciento. Curiosamente la política económica de este gobierno es exactamente igual a la seguida por los gobiernos militares, principalmente el último.
Sería interesante que los señores diputados se tomaran la molestia de, en dos columnas, colocar en una de ellas las medidas adoptadas por los funcionarios del gobierno de facto doctores Wehbe y Gonzales del Solar, y en la otra las asumidas por García Váquez y Grinspun, y si encuentran alguna diferencia me lo hacen saber, porque yo no la he encontrado. El crédito se maneja de la misma manera; las tasas de interés también; hay control de precios y gravita de manera notable la cuenta de regulación monetaria. Todo es exactamente igual, menos en lo relativo a las intenciones y las declaraciones. Las técnicas no varían y, por lo tanto, la conclusión es evidente. Si aquella política económica tan justamente vilipendiada dio malos resultados, es difícil como la misma política podría producir buenos resultados.
Esto nos da el marco dentro del cual tenemos que examinar el presupuesto, que va a influir sobre las condiciones de vida de todos los habitantes del país. Las erogaciones totales del sector público representan el 50 por ciento del producto bruto interno. Esto ubica a la Argentina entre los países más socializados del mundo, incluso más que algunos países ubicados atrás de la cortina de hierro. El 50 por ciento de todo el trabajo y la producción argentina se lo lleva el Estado; por eso la actividad privada es endeble y se va secando cada día más, siendo cada vez más ineficiente. Y si seguimos así, terminaremos matando la “gallina de los huevos de oro”.
El segundo punto es el que se refiere a la necesidad de financiamiento, eufemismo bajo el cual encubrimos el déficit. En materia de inventar palabras para expresar cosas conocidas hemos sido maestros en estos últimos años. Así, hemos hablado de desabastecimiento, rentabilidad negativa, necesidad de financiamiento y otras curiosidades semejantes.
El déficit del sector público se estableció en el 10 por ciento del producto bruto. En realidad, en el 9,98 por ciento, pero redondeamos la cifra porque tampoco sabemos cuánto es el producto bruto. Ese déficit equivale a 7 mil millones de dólares, cifra ésta que será financiada renegociando en el exterior intereses por valor de 4 mil millones de dólares y encargando al Banco Central que fabrique billetes por el equivalente de 3 mil millones de la misma moneda. Esta fabricación de billetes, en estas condiciones, es la causa principal de la inflación, pero no es la única porque en realidad, además de este déficit fiscal, existe otro que ha empezado a llamarse cuasifiscal, que consolidado con el anterior eleva el total al 20 por ciento del producto bruto interno. No quiero pesar sobre el humor de los señores diputados describiendo cómo se llega a esta cifra, pero estoy a su disposición para demostrarlo si así lo desean.
El déficit global del país es del 20 por ciento del producto bruto interno, lo que equivale a 14 mil millones de dólares. De esta cifra, si Dios quiere, 4 mil millones se refinanciarían en el exterior mediante la renegociación de los intereses. El resto, equivalente a 10 mil millones de dólares en pesos argentinos, es moneda que tendremos que fabricar en el Banco Central, y esta sí es la causa de la inflación.
El gobierno se asombra diciendo que habiéndose reducido –según su análisis- el presupuesto a cifras razonables, la inflación tozudamente se mantiene muy alta al nivel del 18 por ciento. La explicación está en que el déficit no es del 10 por ciento sino del 20 por ciento del producto bruto interno. Por otra parte, se queja el gobierno de que la inflación real es del 8 por ciento, diciendo que el resto se debe sólo a expectativas. Esto es lo mismo que “colocar la carreta tirando de los bueyes”. La inflación no se debe a las expectativas; son éstas las que se deben a la inflación. Las expectativas perversas que existen en todos los agentes económicos en este momento provienen de la inflación, que ha distorsionado totalmente la vida argentina.
Las expectativas juegan –por cierto- un papel importante en la inflación. Son un factor a tener en cuenta. Al respecto, hay escuelas modernas que hablan de las expectativas racionales, pero no en este sentido sino en una forma mucho más compleja porque influyen a través de lo que se denomina el “encaje deseado”, que es la propensión psicológica que todos tenemos a conservar dinero en forma de moneda propiamente dicha.
Esta inflación así creada por el gobierno determina un alza de precios que ronda los límites de la hiperinflación. Y en este sentido permítaseme una digresión para ponernos de acuerdo acerca de este concepto. Hay quienes establecen que la hiperinflación se da cuando el costo de vida aumenta más del 50 por ciento por mes. Desde nuestro punto de vista esta no es una definición adecuada. ¿Por qué la cifra el 50 por ciento y no la del 40 o la del 60? Además, es una interpretación estática. Para nosotros la hiperinflación es otra cosa. Tiene lugar cuando dentro del sistema económico se desarrolla un mecanismo por el cual un alza inicial de precios, con indexaciones y aumentos progresivos, determina al final del periodo un alza mayor que la del punto de partida. Es decir que partimos de un alza de precios que induce un alza de salarios –ya sea porque los salarios están indexados o por los lógicos reclamos de los trabajadores-, un aumento de la tasa de interés, una mayor devaluación monetaria –diariamente devaluamos el peso- y un aumento del déficit del presupuesto, porque el Estado es comprador de bienes y éstos son más caros.
Es decir que esos tres factores –tasas de interés, devaluación de la moneda y salarios- producen un aumento en el costo de las empresas y el incremento del déficit genera un aumento en la cantidad de moneda que es “fabricada” por el Banco Central para poder atenderlo. Más moneda en poder del público aumenta la demanda y ésta produce un alza de precios. Si esa alza es mayor que la del punto de partida, estamos en hiperinflación.
Cuando en Enero de 1983 presentamos este problema, el aumento del costo de vida era del 209 por ciento anual. Al finalizar ese año llegaba al 434 por ciento. A fines de Agosto último ya estábamos en el 650 por ciento y al concluir este año alcanzaremos por lo menos el 700 por ciento. Teórica y técnicamente estaríamos en la hiperinflación.
¿Por qué no se precipita todavía ésta en forma incontrolable a la manera de la hiperinflación alemana de 1923? Esto se debe a una serie de razones circunstanciales. En realidad, estamos frente a una hiperinflación reprimida, pero una inflación de esa clase siempre termina en estallido. Luego de la inflación cero de Gelbard tuvo lugar el “Rodrigazo”. Después de cada contención artificial de la inflación o de la hiperinflación se producen explosiones traumáticas.
Además, si tratamos de comprimir la inflación por medio de artificios se llega a lo de siempre desabastecimiento, “colas” y mercados negros. El supuesto beneficio que se busca para la población en virtud de los controles, se traduce en realidad en un gran perjuicio, porque no se pueden conseguir los productos a precio oficial y hay que pagarlos más caros, hacer colas, perder tiempo, etcétera.
En este momento el costo de vida está fluctuando a una tasa del 18 al 25 por ciento mensual. Omití decir antes que una demostración de esa política vacilante y errática se presentó a principios del año cuando vivimos un sistema en el que se presuponía el alza de precios para el mes siguiente y en función de esa presunción se acomodaban las variables de la economía.
Se dijo que en Enero el incremento del costo de vida sería del 11 por ciento y que iría disminuyendo hasta llegar al 4 por ciento a fin de año. Todos los valores se ajustaron al 11 por ciento: la devaluación de la moneda, los precios oficiales controlados y la tasa de interés un poquito por debajo, y los salarios un poquito por arriba; así funcionó el sistema durante Enero, Febrero y Marzo. En Enero las cosas anduvieron más o menos bien: en lugar del 11 por ciento la variación fue del 12,5, es decir que la realidad no fue del todo esquiva. Para compensar ese pequeño desfasaje se le otorgaron 100 pesos a cada trabajador.
En Febrero las cosas se complicaron porque, en lugar del 10 por ciento, la inflación fue del 18 por ciento, y el aumento de salarios compensatorios tuvo que ser del 8 por ciento. En Marzo se produjo el desequilibrio total porque en vez del 9 por ciento calculado por las autoridades, la realidad esta vez esquiva arrojó un 20 por ciento, con lo cual quebró el sistema. Esa quiebra la reconoció el doctor Prebisch en su famoso memorándum firmado con De Larosière, quien dijo que el sistema no funcionaba en la Argentina. Prebisch aceptó que no funcionaba y dijo que se iba a cambiar. De allí en más estuvimos empleando políticas vacilantes hasta llegar al 30 de Agosto.
En esta oportunidad se sostuvo que el sistema había fallado porque no había habido “concertación”. Se resolvió entonces repetir la experiencia, pero con concertación. Esto comenzó con el acuerdo entre el presidente de la Nación y la señora de Perón, acuerdo que fue firmado por la mayoría de los partidos políticos y que la Cámara elogió.
Hecha ya la concertación política, nos encontramos ahora en procura de una concertación socioeconómica, que pretende acomodar las variables por voluntariado acuerdo. Ojalá se lo consiga. Pero, por las dudas, por si no se lo consiguiera, se implanta el programa del 30 de Agosto. El 30 de Agosto se vuelve al programa de Enero. Se dice que los precios de Septiembre van a subir un 16 por ciento –nadie sabe por qué, pero esa es la voz de mando- , y en relación con ese porcentaje se acomodan las demás variables. A los salarios se los fija ahora a la par y no por encima. ¿Y qué pasa si no funciona el 16 por ciento? Toda esta construcción realizada sobre la base de ese porcentaje se desmorona. Entonces, por las dudas, viene el control de precios.
La primera vez que se puso en práctica el control de precios debe haber sido en el año 4000 antes de Cristo, en el país de los sumerios. Luego viene el edicto de Diocleciano, en el año 301 de nuestra era, la campaña de los 60 días de Perón, la ley de abastecimiento de los gobiernos civiles y militares posteriores, etcétera, y siempre se terminó en fracasos. No obstante, los argentinos somos tan cabezas duras que volvemos a poner ahora el control de precios. Menos mal que el “mercado negro en función social” resuelve parcialmente el problema. Nadie cumple el control de precios, salvo las grandes empresas controladas. Recorran los señores diputados los mercados y si encuentran alguien que acate los controles sírvanse registrarlo. La Argentina sigue funcionando gracias a la economía subterránea, el odiado mercado financiero interempresario y a otros arbitrios fuera de normas, pero que mantienen la producción.
El presupuesto, a pesar de ser altamente inflacionario, va a ser recesivo y tendrá efectos negativos sobre la actividad privada. No se ha eliminado organismo alguno del Estado; no se ha privatizado ninguna empresa estatal; no se ha prescindido de personal alguno. La estructura que implica gastos no ha sido reducida; por el contrario, se la ha desarrollado. Si bien se han disminuido partidas en el presupuesto, no se han reducido las necesidades, y así ninguna de las reparticiones puede ya atender normalmente sus obligaciones. La Marina está anclada; el Ejército no paga sus cuentas y las demás reparticiones tampoco pueden desenvolverse. Las provincias deben venir a buscar recursos a Buenos Aires. El problema reside en que se han recortado las partidas sin disminuir el gasto. Además se atrasan los pagos y cuando haya que poner al día las cuentas deberemos emitir tal cantidad de moneda que el impulso inflacionario será tremendo.
El presupuesto va a ser recesivo porque hemos aumentado los impuestos en cuatro puntos del producto bruto interno. Si al sector privado se le sacan recursos en esa proporción es obvio que tendrá menos para desenvolverse. A esto habrá que agregar el impuesto inflacionario, que alcanza a todos pero mucho más a los sectores de menores ingresos, ya que no es lo mismo soportar un aumento del 25 por ciento en el costo de vida en una familia que vive en el límite de sus posibilidades que en una de ingresos elevados.
Para atender sus necesidades, el Estado debe tomar más crédito. No lo toma en el mercado sino a través de la asistencia del Banco Central. Muchos creen que el hecho de que el Banco Central provea moneda nueva no tiene costo. Sin embargo, lo tiene, porque el Estado paga sus cuentas, los que reciben el dinero lo depositan en bancos, los bancos deben inmovilizarlo debido a la existencia de efectivos mínimos y el Banco Central debe pagar el 13,5 por ciento de interés por los depósitos. Esto se refleja en la cuenta de regulación monetaria, que es más elevada que todas las erogaciones del Estado. De manera que es un error creer que estamos financiando el presupuesto sin costo, estamos pagando un alto precio a través de la cuenta de regulación monetaria.
El presupuesto reafirma la vigencia de uno de los peores instrumentos de coerción existentes: la ley de abastecimiento sancionada en 1974. En efecto, el artículo 40 de la ley de presupuesto dice que “el Poder Ejecutivo podrá expropiar bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria y que los fondos que estos procedimientos demandaren se tomarán de “Rentas Generales”. Esto no es teoría; ya hay amenazas por parte de la Secretaría de Estado de Comercio de confiscar las hortalizas y otros bienes para que todos los comerciantes interesados tengan que ir al faraónico Mercado Central. Esta es la excusa hoy; mañana habrá otra, pero el caso es que ya están dadas las facultades para que el Poder Ejecutivo expropie o confisque bienes, incluso culturales, pagando con fondos provenientes de “Rentas Generales”.
Hay en esto un error de apreciación. En una plaza sitiada, donde los bienes que existen no pueden reponerse, es correcto que las autoridades se incauten estos bienes y los distribuyan; pero en un país que tan desesperadamente necesita producir y exportar no se puede aplicar chaleco de fuerza de esta clase a quienes producen, porque lo único que se consigue es que cada vez se produzca y se exporte menos y que la economía se contraiga cada vez más. En definitiva, se estará cometiendo con ello un error garrafal.
Ya he señalado, y por eso no voy a insistir en el tema, que este presupuesto contiene una delegación de funciones peligrosa: puede más un comunicado telefónico del Banco Central que todos nosotros juntos. Ese comunicado telefónico puede cambiar la vida de los ciudadanos muchísimo más, señores diputados, que todas las leyes que nosotros podamos dictar trabajando día y noche. Por eso no deberíamos aceptar dicha delegación; pero como evidentemente no vamos a cambiar el curso de los acontecimientos con este presupuesto, tendremos que estudiar la cuestión para el año próximo.
Quisimos plantear estos temas cuando había tiempo para influir sobre ellos, y por eso ya el 12 de Junio, cuando preveíamos la crisis en que actualmente estamos inmersos y que se ve signada por la deuda externa y el desborde inflacionario, reclamamos la presencia del señor ministro de Economía. La Cámara se negó a que se invitara al ministro. Tampoco concurrió este a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de manera que estamos analizando este presupuesto sin conocer la opinión del ministro de Economía. Conocemos la de sus funcionarios, pero el programa global que solamente él podía exponernos no ha sido informado ni en la Cámara ni en la Comisión de Presupuesto. Por eso se ha precipitado la crisis en que nos vemos envueltos y respeto a la cual el Parlamento ha estado completamente ajeno.
Como he dicho, el gasto público y el déficit constituyen la causa principal de la inflación, Esta eleva brutalmente los precios y para frenarlos artificialmente se ha instaurado el programa del 30 de Agosto. Estemos atentos a los índices del mes de Septiembre. No vaya a ser que estos índices sean elaborados sobre la base de los precios oficiales, porque eso no lo vamos a permitir. Habrá que registrar los precios verdaderos, los que se cobran en los lugares de expendio. Hasta el día de hoy pareciera que este índice para el mes de septiembre será del 31 por ciento. Si el costo de vida sobrepasa este mes el 25 o 26 por ciento, estaremos un poco más cerca de la hiperinflación, problema que no debemos tomar livianamente porque representa una cuestión muy seria.
En lo inmediato y hasta tanto llega el próximo presupuesto y tengamos la oportunidad de hacer algo para rectificar este estado de cosas, la economía del país, que está sujeta a las mismas reglas de juego de los gobiernos anteriores, va a continuar deteriorándose aceleradamente. Vamos a seguir manteniendo el récord mundial de inflación, vamos a seguir en la misma inseguridad económica y jurídica, vamos a seguir con las inversiones paralizadas (en el primer trimestre de este año éstas han caído el 22,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior). También seguiremos asistiendo a la destrucción de la moneda argentina. Piensen ustedes en la cantidad de ceros que ya le hemos sacado a esa moneda y en los que tendremos que seguir sacándole. Vamos a seguir asistiendo a la economía subterránea.
En este momento hay dos problemas acuciantes, la deuda externa y el deslizamiento hacia la hiperinflación. Si en lo que resta de la semana el ministro Grinspum no llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina entrará en cesación de pagos y poco tiempo después será declarada país subestandar. El otro día hemos tenido un vencimiento de 750 millones de dólares que no pudimos pagar. El 30 de Septiembre tendremos otro de 900 millones de dólares y en los primeros días del mes de octubre uno de 100, lo que hace un total de 1750 millones de dólares, y lo que tenemos en el Banco Central como haber líquido, excepto el oro, alcanza a 1200 millones de dólares, Además, no hemos podido todavía iniciar la refinanciación de los 20 mil millones de dólares vencidos en 1982, en 1983 y en lo que va del corriente año.
De manera que aquellos que están tan enojados con el Fondo Monetario Internacional, y además tan preocupados por el hecho de que se llegue a un acuerdo con él, si fracasa el ministro Grinspum no van a tener motivos para estar molestos ya que no tendremos el acuerdo; solo que tampoco tendremos la posibilidad de convivir dentro de la comunidad financiera internacional. Si eso es lo que deseamos, hagámoslo, pero no nos quejemos por los resultados. Todo esto ubica a los dirigistas inflacionarios frente a un grave problema: esta vez tienen cerrado el camino. Hasta ahora, siempre hemos resuelto las crisis argentinas por dos medios: pidiendo prestado al exterior e “inflando” un poco más. Siempre hemos salido de los apuros con préstamos externos o mediante emisiones inflacionarias. Esta vez no podemos hacer ninguna de las dos cosas. No podemos endeudarnos más en el exterior porque nadie nos va a prestar, y no podemos emitir más porque vamos a caer en la hiperinflación. Estas limitaciones son convenientes para el país, porque obligan a ver la realidad. Estoy seguro de que ente todos encontraremos el camino para salir de esta crisis. Lo peor que podemos hacer es seguir desangrándonos como lo hemos venido haciendo durante tantos años, postergando las soluciones sin ir al fondo de la cuestión, que es lo que deberíamos haber hecho.
El problema es que podemos estar de acuerdo todos en esta última parte del diagnóstico, pero después viene la cuestión de cómo se cura el mal, y allí sí se bifurcan las posiciones. Esas posiciones están claramente diferenciadas incluso en el ámbito político. Ruego que nadie tome estas afirmaciones con sentido peyorativo, pero la mayoría radical y la primera minoría peronista mantienen en este sentido una posición -vuelvo a repetir que no lo digo en sentido peyorativo- que se ajusta a las técnicas dirigistas y a las prácticas inflacionarias. Nosotros preferimos los métodos de la economía de mercado con estabilidad monetaria. En eso consiste la bifurcación de caminos.
Frente a este problema tendremos que decidirnos por un camino o por el otro. Si optamos por las técnicas dirigistas e inflacionarias, no hay más remedio que acentuar los controles y las reglamentaciónes. Si elegimos la economía de mercado con estabilidad monetaria, hay que avanzar en el sentido de la liberalización de todas las variables económicas. Pero lo que no podemos hacer es marchar por una línea intermedia, y ello por las razones que señalé anteriormente.
Esta es, señores diputados, la apreciación global que hacemos sobre el presupuesto. Como dije al principio, no vale la pena a esta altura perder demasiado en el estudio de las planillas y de las asignaciones. Todas éstas reflejan pujas por el reparto de los recursos existentes, que se han extendido después a los inexistentes, porque cada vez que se le pide algo al gobierno central hay que saber que se le está pidiendo que fabrique un poco más de moneda, con todos sus efectos inflacionarios. De manera que esta lucha por los recursos existentes no ayuda a resolver el problema inflacionario del país.
A esta altura, como lo señalé al principio, es inoperante que estemos discutiendo el presupuesto en esta forma. Creo que tendríamos que centrar nuestra preocupación en el próximo presupuesto, y ahí aplicar toda la experiencia recogida hasta ahora, toda la autocrítica que estemos dispuestos a hacer, para buscar nuevas ideas y tratar de elaborar un presupuesto que dé a la Argentina el instrumento para salir de la encrucijada en que se encuentra.
Sr. Alsogaray.- El señor diputado Stubrin me ha atribuido expresiones en el sentido de que yo habría dicho que la Argentina tiene todos los caminos cerrados. No manifesté eso. Dije que esta vez se han cerrado todos los caminos a los dirigistas, de lo que me complazco. Pero no hice referencia a la Argentina, a menos que el diputado Stubrin considere que los dirigistas son la Argentina.
Transcripto del original en papel por Claudia Bonzo, corregido por Pablo Parenti
Nota: Es nuestra intención transcribir el libro completo, material que iremos subiendo a medida que este listo. Una vez terminado el trabajo se armara el (PDF) para su descarga. Siendo este libro edición del Congreso de la Nación y no habiendo en sus páginas nota que indique lo contrario, creemos de buena fe que podemos hacerlo sin infringir ley de propiedad intelectual alguna.
La importancia de las ideologías puras
Claudia Bonzo (*)
Abril 2014
El pueblo no delibera ni gobierna, solo a través de sus representantes y autoridades creadas por esta constitución (dice el art. 22 de la Constitución Argentina). Pero como hace un pueblo para elegir representantes si estos ya no tienen ideología, o si aún teniéndola son parte de partidos políticos que no la tienen... ¿Que es lo que se elige cuando ya nadie sabe que es lo que en realidad piensa y defiende el partido que estamos votando? Tomando por ejemplo a los liberales que son las personas que conozco un poco mas, esto me lleva a reflexionar que:
Es porque se ha perdido esta pureza representativa que una y otra vez los seres pensantes de este país nos sentimos decepcionados, a la vez que el nivel del debate a caído a niveles absurdos, donde es mas importante gritar mas fuerte y putear mas grosero que saber de que se está hablando.
(*) Claudia Bonzo.
Ama de casa, albañil, cocinera.
Liberal.
Abril 2014
El pueblo no delibera ni gobierna, solo a través de sus representantes y autoridades creadas por esta constitución (dice el art. 22 de la Constitución Argentina). Pero como hace un pueblo para elegir representantes si estos ya no tienen ideología, o si aún teniéndola son parte de partidos políticos que no la tienen... ¿Que es lo que se elige cuando ya nadie sabe que es lo que en realidad piensa y defiende el partido que estamos votando? Tomando por ejemplo a los liberales que son las personas que conozco un poco mas, esto me lleva a reflexionar que:
- Tenemos que aprender a distinguir entre panquequismo político y/o panquequismo ideológico (que es igual a oportunismo barato) y gente que simplemente se quedó sin partido que los representara y en el cual trabajar el día que la UCEDE hibernó y por ende boya de agrupación en agrupación buscando encontrarse con pares y decepcionándose una y otra vez. Son buena gente, buenos liberales, gente que quiere hacer cosas pero no encuentra el donde.
- Entender que con estas ensaladas ideológicas que han sido en los últimos años los partidos políticos es normal que nos confundamos una y otra vez. También es normal que una y otra vez pensemos que un partido "x" que mostró cierta tendencia similar a nuestra ideología pueda ser orientado a ella desde dentro.
- Por todo esto es que yo creo que es necesario retornar a las formas partidarias con ideologías puras, asi la persona que quiera trabajar en política tendrá claro en donde se está metiendo y los votantes tendrán claro que es lo que están eligiendo.
- Eso no quita que en el momento de las elecciones se hagan alianzas estratégicas entre partidos que coinciden en algunos puntos, pero eso no debe implicar fusionarse, y los votantes deben tener claro que la alianza en cuestión es exclusivamente por y para ciertos objetivos prepautados, documentados por escrito y convenientemente difundidos por todos los medios posibles.
- Hay que tener en cuenta también que la forma representativa de gobierno funciona adecuadamente cuando todas las ideologías que existen en una sociedad llegan en estado puro a las cámaras legislativas en donde mediante la participación en las distintas comisiones el pensamiento completo y diverso de la población es defendido encontrando recién allí el equilibrio que luego se verá en las leyes y normativas producidas.
Es porque se ha perdido esta pureza representativa que una y otra vez los seres pensantes de este país nos sentimos decepcionados, a la vez que el nivel del debate a caído a niveles absurdos, donde es mas importante gritar mas fuerte y putear mas grosero que saber de que se está hablando.
Ama de casa, albañil, cocinera.
Liberal.
Alvaro Alsogaray - Discursos - Cuestión de privilegio al diputado Basualdo - (1984)
Reunión 23ª - 12 y 13 de septiembre de 1984
Sr. Alsogaray.- Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio
Sr. Presidente (Pugliese).- Tiene la palabra señor diputado por la Capital
Sr. Alsogaray.- Señor presidente: lamento distraer la atención de la Cámara con esta clase de temas, pero me veo obligado a plantear ante la Honorable Cámara esta cuestión de privilegio por haber sido agraviado por el diputado Héctor Basualdo en términos tales que afectar no solo a mi persona sino a este cuerpo.
El señor diputado Basualdo ha formulado contra mí, entre otras, las siguientes acusaciones, a las cuales ha agregado consejos improcedentes acerca de mi conducta futura. Ha dicho el diputado Basualdo: Alsogaray es directamente responsable de lo que me pasó hoy a mí. Espero que de aquí más en piense bien a quien está defendiendo en sus declaraciones.
“Fracasado el intento legal para parar la investigación de la Italo, sale Alsogaray hablando sobre la dictadura de la democracia. Usaron a un diputado para obtener otra respuesta y ante el nuevo fracaso mandaron a alguien a matarme.
“El Ingeniero Alsogaray es intérprete de un sector que ha hambreado al pueblo durante estos últimos años.
“No me cabe ninguna duda de que el atentado se debe a que estamos investigando hechos de los cuales es responsable la patria financiera.
“son personeros de la patria financiera los responsables del atentado. Ahora que estoy más tranquilo lo ratifico. Ratifico asimismo mis declaraciones sobre el ingeniero Alsogaray, que los viene defendiendo y estas son las consecuencias. El ingeniero Alsogaray ha estado permanentemente aliado a la patria financiera.”
Hasta aquí lo expresado por el diputado Basualdo en numerosos comentarios radiales y por televisión, y en una conferencia de prensa. Sus acusaciones, imputaciones y alusiones son agraviantes a mi persona. Además, al suponer que un diputado pueda estar incurso en tales fallas de comportamiento y si embargo pertenecer a esta Cámara, está agraviando también a este cuerpo.
Por estas razones pido a la Cámara que aplique el artículo 173 del reglamento y decida “si es o no llegada la oportunidad de usar la facultad que le confiere el artículo 58 de la Constitución” en cuanto a “corregir al diputado Basualdo por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”. (Aplausos)
Sr. Basualdo.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pugliese).- Dada la alusión específica a la persona del señor diputado por Buenos Aires, la Presidencia le concede la palabra.
Sr. Basualdo.- señor presidente.- frente a una situación grave que vive nuestro país y frente a una resolución de esta Cámara que delegó atribuciones para realizar una investigación, la comisión a la que pertenezco procedió a cumplir con el mandato entregado por el pueblo y a defender la fe que el país tiene en las instituciones. Se trata de una investigación que se vincula con lo que está esperando el pueblo que nos eligió, con el mandato que nos ha otorgado y con las personas a quienes debemos rendir cuentas de nuestras acciones y actitudes.
Sin embargo los enemigos de la democracia, aquellos que aplaudieron la dictadura militar y el derrocamiento del último gobierno constitucional, que no por casualidad pertenecían al estudio que fuimos a allanar, buscaron de todas maneras y por todos los medios –inclusive en algunos casos llegaron a la provocación y al intento de agresión- en el curso del procedimiento, evitar que esta comisión cumpliera con su cometido. Como esa actitud no dio resultado, comenzaron a desarrollar una tarea de entorpecimiento de tipo técnico jurídico, y como esto tampoco dio resultado pretendieron trabar el accionar de la comisión frente a una situación que se venía generando.
Desgraciadamente tengo que entender que algunas cosas que se plantean y que ocurren tienen coincidencias. Y estás coincidencias. Y estas coincidencias llevan a que la opinión pública y nosotros individualmente comprendamos algunas cuestiones que se generan y que llevan a diferentes interpretaciones.
Me refiero específicamente a declaraciones de algunos de los integrantes del estudio que fuimos a allanar, que se ufanaban de ser miembros de la Unión del Centro Democrático. Y entonces en estas coincidencias nos encontramos con que el señor diputado Alsogaray, por lo menos en los medios de difusión que así lo indican a la opinión pública, estaba planteando la ilegalidad de la actitud de la comisión. En consecuencia, el sentido común nos llevaba a creer que había una coincidencia de intereses y que éste fue motivo de las acusaciones Al mismo tiempo hago notar que fui víctima de un atentado que todo el mundo conoce, cuando ya venían siendo objetos de amenazas todos los miembros de la comisión.
Frente a todo esto y al no haber rectificado sus declaraciones el ingeniero Alsogaray, que coinciden con aquellos argumentos que estaban planteando los que pretendían entorpecer el accionar de la comisión, presté yo declaraciones en un estado emocional intenso ante lo que – no cabía ninguna duda- era una coincidencia de opinión.
Si el cree que yo me excedí y aquí en la Cámara desmiente esa coincidencia y la vinculación con los sectores financieros que llevaron al país al desastre, no tengo ningún inconveniente en rectificar esas declaraciones y dar por terminado el asunto (Aplausos).
Sr. Presidente (Pugliese).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Alsogaray.- Señor presidente: voy a hacer todo lo posible, en bien de la convivencia para aceptar la propuesta del diputado Basualdo.
Pero se me pide algo equivalente a que diga que no soy ladrón o que no soy asesino. Si no he robado ni matado a nadie, ¿por qué tengo que estar proclamándolo? ¿A quién se le ocurre que yo pueda formar parte de la patria financiera?
Transcripto del original en papel por Claudia Bonzo, corregido por Pablo Parenti
Nota: Es nuestra intención transcribir el libro completo, material que iremos subiendo a medida que este listo. Una vez terminado el trabajo se armara el (PDF) para su descarga. Siendo este libro edición del Congreso de la Nación y no habiendo en sus páginas nota que indique lo contrario, creemos de buena fe que podemos hacerlo sin infringir ley de propiedad intelectual alguna.
2 de diciembre de 2014
¿Qué es el populismo en la Argentina?
Por Roberto Cachanosky (*)
Diciembre de 2014.
El populismo se caracteriza por quitarles a unos, en nombre de la justicia social, para darles a otros. Hábilmente los políticos han impuesto la idea de que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y que el resto de los ciudadanos son incapaces de ser solidarios con sus semejantes. La estrategia ha consistido en convencer a la gente que la riqueza de unos es causa de la pobreza de otros. Claro que quienes declaman este slogan suelen tener verdaderas fortunas personales generalmente conseguidas ilegalmente.
Diciembre de 2014.
A pesar del discurso populista, está clarísimo que la gente es mucho más solidaria que los políticos. Siempre que ha habido casos de catástrofes como las inundaciones en La Plata o la explosión en Rosario, fue la gente la que se organizó para ayudar a los damnificados. Los políticos aparecen después para poner la cara ante la televisión y, posteriormente, anuncian planes de ayuda que generalmente terminan en simples anuncios, al tiempo que descaradamente aparecen militantes partidarios con sus chaquetas que lo identifican con el partido de turno en el poder repartiendo los bienes que solidariamente donó la gente común.
La pobreza que cruza de lado a lado a la Argentina fue fabricada deliberadamente por el populismo para tener una legión de mantenidos por los populistas vía planes sociales. Deliberadamente destruyen puestos de trabajo para que la gente necesite vivir de esos planes "sociales" y luego los vote por miedo a perderlos.
Tantas décadas de populismo han cambiado los valores de la sociedad. Veía por televisión a una mujer joven que había tomado el predio de Villa Lugano diciendo que alguien tenía que resolverle el problema de la vivienda. Por supuesto que al periodista ni se le ocurrió preguntarle: ¿Y quién tiene la obligación de resolverle el problema de la vivienda? ¿De dónde nace esa obligación? Buena parte de la población se acostumbró a creer que tiene derecho a que otros lo mantengan. Eso es lo que impulsa el populismo porque es su negocio electoral.
A esta altura alguien puede preguntarse: "¿Qué quiere, Cachanosky, que la gente viva en la pobreza y en la intemperie?" No. Lo que quiero es que exista seguridad jurídica, disciplina monetaria y fiscal para que fluyan las inversiones, se creen puestos de trabajo y la mujer que reclamaba por televisión que alguien le resuelva el problema de su vivienda, se lo pueda resolver ella sola con el dinero que gane en un buen trabajo.
Cuando los populistas denuncian la destrucción de la Argentina por el neoliberalismo, palabra que no existe, en rigor están atacando al sistema que les arruina el negocio político del populismo. Son dos visiones morales totalmente opuestas las del liberalismo y el populismo. Mientras los liberales queremos que la gente viva con la dignidad del fruto de su trabajo, los populistas los denigran en la pobreza para tenerlos como rehenes políticos para que los voten por miedo a perder los subsidios que les entregan "solidariamente".
El problema que tiene el populismo es el que describe Ayn Rand en La Rebelión de Atlas. Como los políticos exprimen a los que producen para quitarles el fruto de su trabajo y dárselos a los que mantienen como rehenes políticos, llega un punto en que los productivos comienzan a generar menos riqueza. Es entonces cuando empieza a faltar riqueza para ser repartida y los populistas no pueden financiar a sus rehenes políticos. Es lo que le pasa a Maduro en Venezuela. Tanto ha explotado a la gente productiva que aun teniendo petróleo, la gente tiene que hacer largas horas de cola para poder conseguir alimentos. En ese punto el populista se pone cada vez más violento, inventa conspiraciones, persigue a opositores y en algún momento, aquél que vivía de las dádivas del tirano, se cansa de no recibir nada y también se le rebela. Entonces aparece la cara más feroz del populista autoritario. Por algo Hayek escribió Camino de Servidumbre, donde muestra que el populismo y el socialismo conducen a sistemas autoritarios.
Lo de Maduro también es la historia del kirchnerismo. Tanto explotó a la gente productiva para financiar legiones de pobres que hoy la economía está en franca caída y encima con inflación. Kicillof y sus planillas de Excel no generan riqueza, impiden que se genere riqueza de la misma forma que Moreno no generaba riqueza, espantaba a los que producían.
El populismo kirchnerista está en la etapa de repartir billetes que día a día pierden valor. Su problema principal no está en fabricar billetes, su problema principal es que cada vez hay menos bienes físicos para consumir. Piense el lector en unidades de bienes y no en moneda. Cada vez hay menos bienes. Primero porque cerraron las importaciones, así que hay menos oferta de bienes. Segundo porque faltan insumos para producir y se fabrican menos bienes. En tercer lugar, porque, como entramos en un proceso recesivo, las empresas producen menos. Y en cuarto lugar, es tal la persecución a los que producen que se cansan y producen lo necesario para subsistir. Si combinamos menos bienes ofrecidos con más pesos en circulación el resultado es el que Ud. vive todos los días: no sabe qué hacer para que la plata le alcance.
El populismo lleva dentro de su política el virus de su destrucción, porque para poder sobrevivir necesita que otros produzcan para quitarles parte de su producción y repartirla entre la fábrica de pobres que ha creado. Cuando los que producen se cansan de ser explotados y encima sufren todo tipo de restricciones para producir, los bienes empiezan a escasear hasta que se llega a los casos como Venezuela que comentaba anteriormente. O al caso argentino, que habiendo sido el granero del mundo y el principal exportador de carne, hoy hacer un asado sale una fortuna y casi no se puede exportar trigo. El populismo autóctono ha logrado algo increíble, destruir las actividades en que Argentina tenía grandes ventajas comparativas. Es como si los países árabes destruyeran su producción de petróleo.
Por más que los populistas se gasten la garganta denunciando al liberalismo como el destructor de la economía, la realidad es que lo que se debate son dos modelos morales. Uno, el populismo, el de denigrar a la gente en la pobreza para que sea una suerte de sirviente del poder. El otro modelo moral es el liberalismo que propone una forma de organización social donde todos pueden progresar cooperando pacíficamente en el mercado. Sin robar, produciendo e intercambiando lo que producen.
El populismo lleva al autoritarismo. El liberalismo lleva a la libertad individual y la prosperidad.
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