Objetivos y un plan económico para la Argentina

Por Luis Salmain. ^(*)
Agosto de 2014.


El proyecto político de la UCEDE reside fundamentalmente en rescatar los principios y derechos que garantiza la Constitución Nacional y que están siendo violados pertinazmente por el gobierno nacional actual, y en mayor o menor grado, por los gobiernos de los últimos ochenta años.

Una de las más importantes tareas que deben acometerse es la redefinición y adecuación a lo establecido por la Constitución Nacional de las áreas que son propias de los estados provinciales y las delegadas al gobierno nacional. También deberán quedara claras las áreas que tratan sobre bienes públicos (salud, educación).

Las únicas áreas que a nuestro entender son exclusivas del Gobierno Federal, por delegación de las provincias, son la Justicia, la Seguridad y las Relaciones Exteriores. Las relativas a bienes públicos (salud, educación) pueden tener, y de hecho tienen, otro tratamiento, y pueden recaer en las provincias. Todas las restantes áreas deberán estar reservadas a la actividad de los privados. En el orden económico del liberalismo, que es el que sostiene nuestra Constitución Nacional, ésta tiene como punto de partida la singularidad única del individuo y la existencia de irrenunciables derechos individuales fundamentales: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada.

El sistema vigente en la Argentina de los últimos ochenta años, con diferencias de grado, se enmarca en lo que pudiéramos definir o catalogar como intervencionista, estatista, dirigista, inflacionario, keynesiano, y para agravar aún más el panorama en algunos períodos como el actual, populista.

La violación del sistema que adopta nuestra Constitución no sólo ha permitido y fomentado un desenfrenado grado de corrupción sino que ha desembocado en un estado permanente de:

• Aumento de la inflación.
• Correlativo aumento de precios.
• Disminución de actividad económica.
• Caída de la inversión.
• Caída de importaciones.
• Perjuicios diversos a los exportadores.
• Destrucción de empleo.
• Cierres de empresas (frigoríficos, restaurantes, etc.)
• Deterioro de las economías regionales.
• Liquidación de stocks ganaderos.
• Pérdida de reservas.
• Aumento de la pobreza e indigencia.
• Perjuicio a los jubilados.
• Deterioro de la situación de la clase media.
• Cepo cambiario.

(La lista es solo a título de ejemplo y la enumeración no se agota ni tiene un orden determinado).

Para llegar a los objetivos de un orden económico acorde a lo dicho en los primeros párrafos, y partiendo de la grave situación actual, se deberá contar con un Plan de Transición que contemple instrumentos y actitudes tan claras que generen el necesario e indispensable clima de confianza para volver a la cultura del trabajo, a establecer un nuevo aliciente al ahorro y atraer nuevas inversiones, tres elementos mínimos para revertir la angustiante situación en que nos encontramos.

Lógicamente, el Plan de Transición deberá explicitar claramente no solo las herramientas para lograr los objetivos buscados, sino también los recaudos que se tomarán para que la transición contemple la mejor forma de hacer las necesarias transferencias de actividades. De la claridad de estos aspectos dependerá la aceptación que se logre.

Los factores que nos han llevado a la situación actual, los objetivos perseguidos y algunas medidas de transición que serán necesarias, se resumirían del siguiente modo:

1. El concepto estatista, dirigista, intervencionista (agudizado por una corrupción creciente y generalizada y por un populismo exacerbado) determinan un Gasto Público de características gigantescas.
2. El Gasto Público enorme deriva, además de sus efectos perniciosos, en un Déficit Fiscal creciente.
3. Ambos (Gasto Público y Déficit) se financian con las únicas tres fuentes que dispone el gobierno:
   • Impuestos (presión tributaria que ha llegado a límites insospechados).
   • Endeudamiento (se cacarea que el endeudamiento con el exterior es bajo pero el total es enorme).
   • Inflación (hemos llegado al lamentable récord internacional del más del 40%). A través de esta fuente se terminan por resolver todos los dislates que no se cubren con ingresos genuinos.

Las medidas de un Plan Económico presuponen la adopción de las siguientes medidas:

En general:

• Definición de las áreas correspondientes al Gobierno Federal.
• Establecimiento que invierta el actual concepto de coparticipación federal, para que sean las provincias las que financien al gobierno federal.
• Desregulación de la economía.
• Garantizar el restablecimiento de la competencia.

En particular:

• Las medidas concretas a aplicar en cada área.
• Todo lo anterior es un apretado resumen de un marco general pero lo creo indispensable para destacar nuestro enfoque que, obviamente, es absolutamente opuesto al que hemos venido sufriendo.

^(*) Luis Salmain es contador público (UBA) y asesor de inversiones. Fue gerente financiero del Banco Roberts. Autor de "Nuestros gobiernos" (Lumiere, 2002). Twitter: @lesalmain.