Reunión 35ª – 27 y 28 de Diciembre de 1984
Sr. Alsogaray.- Señor presidente: nuestro enfoque va a ser ligeramente diferente o tal vez bastante diferente al que se ha seguido hasta ahora en la Cámara. Las razones se van a comprender en esta breve exposición que voy a realizar.
El conflicto con Chile siempre nos interesó; a mediados de 1978, ante la escalada bélica que se estaba produciendo y con el propósito de evitar un conflicto armado, propusimos el statu quo político y la organización de una comunidad económica argentino-chilena. La idea era que al trabajar juntos para explotar los recursos del Sur, se iría creando un estado de asociación que permitiría resolver en el futuro el problema político al cual no le encontrábamos solución en ese momento. La inquietud fue tomada de la experiencia europea, donde Francia y Alemania combatieron durante tres guerras, para terminar juntas en la Comunidad del Carbón y el Acero, y a partir de ella llegaron a la unión europea.
La propuesta, por supuesto, no fue aceptada, ni siquiera considerada. En esa época existía espíritu bélico, el cual fue creciendo hasta llegar a pocas horas de la invasión de las islas, lo que hubiese sido realmente una declaración de guerra.
La intervención de la Santa Sede en el último minuto evitó la tragedia y a partir de ese momento se inició una larga y compleja negociación a la que estamos dando término ahora con la aprobación del tratado de Paz y Amistad con Chile.
Cito este antecedente para decir que en todo momento nuestra posición ha sido a favor de un acuerdo con Chile sobre bases equitativas y pacíficas, además de un estrechamiento de las relaciones con ese país con el cual tenemos muchos puntos de contacto, economías complementarias, culturas similares, etcétera. Por lo tanto, lo que voy a expresar para fundamentar nuestro voto debe ser visto a la luz de este propósito fundamental de buscar un acuerdo con Chile, circunstancia con respecto a la cual coincidimos, por otra parte, con la mayoría del pueblo argentino, según ha quedado expuesto en la consulta reciente mediante un voto que implica una intención, un deseo, no una aprobación en sí del tratado, ya que si se le preguntara a cada uno de los ciudadanos qué es lo que contiene, no estarían en condiciones de responder, pero sí de afirmar su intención de arribar a un acuerdo con Chile.
Al mismo tiempo, expresamos nuestro repudio por la forma en que el gobierno ha manejado el problema por razones de política interna. Lo que era una cuestión dirigida a resolver en el plano de los intereses nacionales ha sido transformado en un debate de índole política, donde se ha tratado de obtener ventajas por razones de prestigio o electores.
Además, el gobierno procuró desviar la atención de la opinión pública hacia un tema sensitivo que debía tener el apoyo del pueblo argentino en el plano internacional, para escapar un poco a los grandes fracasos que estaba experimentando en otros campos. De esta manera, la política partidaria prevaleció por encima de los verdaderos intereses nacionales.
Las razones en las que fundamentamos estas críticas son las siguientes. En primer lugar se negoció apresuradamente. Había que obtener un éxito pronto y al perseguir esa finalidad indudablemente se cedió más de lo que se debía ceder, sobre todo en el último tramo de la negociación.
Cuando se anunció que el acuerdo estaba casi listo y que solamente faltaban detalles, allí se otorgó una ventaja importante al gobierno de Chile. Chile se dio cuenta de inmediato que el gobierno argentino debía concluir de un modo u otro este tratado y naturalmente le fue fácil obtener concesiones en las últimas instancias.
En segundo término, la actual presión al Poder Ejecutivo y del partido oficial para tratar urgentemente este tema crea a los legisladores un dilema, porque se nos dificulta enormemente la posibilidad de proponer modificaciones.
Obviamente, de acuerdo con lo que prescribe nuestra Constitución, tendríamos que decir sí o no a este tratado, cuando en realidad habría otras posibilidades que son las que trataremos de rescatar, aunque sea en las últimas instancias.
En tercer lugar, debo manifestar que el tratado no respeta el principio bioceánico, tal como éste ha sido explicado a la opinión pública por los principales partidos políticos y por el gobierno.
Hemos escuchado una apasionada defensa de lo que se supone es el verdadero principio bioceánico, pero esta defensa debió haber sido hecha antes, no ahora. A cualquier persona que se le pregunte en el país qué entiende por principio bioceánico va a responder con toda lógica que Argentina está en el Atlántico y Chile en el Pacífico.
Todas las explicaciones que se dieron a posteriori sobre el verdadero concepto bioceánico debieron darse antes. Lo contrario implica haber dejado en un deliberado confusionismo a la opinión pública. Ni siquiera el canciller se atrevió a decirlo abiertamente cuando concurrió a la comisión. Sólo manifestó con cierto pudor que en realidad el principio bioceánico no era lo que se había hecho conocer a la opinión pública. Entre la longitud del canal de Beagle y la del cabo de Hornos no hay principio bioceánico. Chile está allí con las islas, con las líneas de bases rectas y con más de 10 mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. No hay eufemismo que permita que decir que se ha respetado el principio bioceánico.
Aclaro que no nos emociona demasiado este tema porque siempre supimos la verdad sobre lo que significaba el principio bioceánico; pero esa verdad aun no la conoce el pueblo argentino. Recién luego de las palabras pronunciadas por el miembro informante de la mayoría se podrá tomar verdadero conocimiento de qué es lo que se quiere hacer entender por principio bioceánico, sin aclarar que era.
No tiene explicación el hecho de haberle cambiado el nombre al océano Atlántico; se lo llama Mar Austral en la zona ubicada al este de las islas. En este sentido, dar mi opinión sería ofender a quienes han llegado a suponer que alguien va a aceptar la explicación infantil de que esto es así para poder compaginar el principio bioceánico ya que en realidad ahora se podrá decir que Chile está en el Pacífico y en el Mar Austral, pero no en el Atlántico. Esta explicación es demasiado trivial e infantil, no quiero ofender a nadie. (Aplausos).
En quinto lugar, deseo señalar que la consulta no vinculante a la opinión pública convocada por el Poder Ejecutivo – que habría sido tolerable si hubiera tenido ese carácter- fue transformada por el presidente de la República, por el partido oficial y otros miembros del gobierno en un verdadero referendo o plebiscito en el mismo momento en que se dijo que haría lo que la opinión pública decidiera. En la práctica esto no era una consulta no vinculante sino un referendo o plebiscito.
Por otra parte, para que esta consulta fuera verdaderamente auténtica el gobierno tendría que haber ilustrado al pueblo mediante una real campaña a tal efecto, cuando lo que se llevó a cabo fue una propaganda política sobre un tema en el que debía decidir la opinión pública. En esa campaña no se dejó de utilizar ningún recurso tecnológico. Se utilizó el slogan “tratado o guerra”, lo cual no es cierto. El propio ministro de Relaciones Exteriores dijo por televisión que en virtud del tratado se evitaba la construcción de féretros para los que caerían en la guerra; y en los afiches que hemos visto en Buenos Aires había bombas y granadas que trataban de inducir a la opinión pública al temor a la guerra. Se trató de obtener un sí al tratado que implicara un apoyo a toda la política del gobierno.
Como otro factor de coacción podemos señalar el discurso por televisión del ministro de Relaciones Exteriores en el que dijo que el cardenal Casaroli había hecho la advertencia de que si no se aprobaba el tratado la Santa Sede se retiraba de la mediación. Si esto es cierto, el gobierno argentino debió haber rechazado la coacción implícita; y si no lo es, se trata de una aseveración engañosa que no debió realizarse.
Por todas estas razones expresamos nuestro formal repudio al tratamiento político que se ha dado a este tema, el cual nos ha hecho perder posiciones en la última etapa de la negociación y nos ha colocado a los legisladores –tal como lo ha hecho con la opinión pública – en un dilema de hierro: si aprobamos el tratado tal cual está es probable que estemos aceptando algo que resulta contrario al interés nacional; y si no lo aprobamos, estaremos contribuyendo a que en el ámbito internacional nunca más se le crea a la Argentina.
Colocados como estamos frente a una urgencia que todavía no podemos explicar –no hay muchos que puedan hacerlo-, hemos hecho una observación al dictamen de la mayoría y también hemos presentado un proyecto de resolución para que la Cámara decida devolver este tratado al Poder Ejecutivo con el propósito de que mediante negociaciones complementarias se establezcan, rectifiquen o aclaren los siguientes puntos:
Primero: inclusión expresa en el texto del tratado, y no solo en las cartas anexas, del límite del canal de Beagle. Hemos tratado de obtener una explicación acerca de por qué no figura y no lo hemos logrado. Esto se vincula también con el problema de la cosa seca, que aquí se ha citado.
Segundo: supresión de la denominación de Mar Austral.
Tercero: precisiones que aseguren la no militarización de las islas.
Si es un tratado de paz y buscamos la paz permanente con Chile, no cuenta nada incluir un artículo que hable de la no militarización de las islas.
Cuarto: precisiones acerca del espacio aéreo, tema del cual no se dice nada, aunque es muy importante.
Quinto: ampliación de las facilidades para la navegación de embarcaciones argentinas en el mar interior chileno y sus accesos al Atlántico, cuestión en la que creo que hemos retrocedido con respecto a lo que ya teníamos ganado.
Y, por último, adecuación del sistema de arbitraje a la Constitución Nacional y a la “fórmula argentina” relacionada con tratados de esta naturaleza. Con esto evitaremos el problema de la delegación de facultades del Congreso, esto es, adecuando el tratado a la fórmula argentina y a la Constitución Nacional.
Puede parecer una utopía traer al recinto un proyecto de esta clase cuando ya se está discutiendo el sí o el no; pero observen señores diputados que ninguna de estas observaciones ataca el fondo del tratado sino que trata de establecer precisiones, aclaraciones o complementos que no implican que estemos procurando revisar el tratado partiendo de 1881, de 1893, o lo que es peor de Adán y Eva.
Hemos tomado el tratado donde está y sólo pretendemos complementarlo, ya que creemos que si Chile ha negociado de buena fe no tendría por qué no aceptarlo de inmediato. Se trata de modificaciones como las de borrar el término “Mar de la Zona Austral”, precisar el límite del canal de Beagle, etcétera, todos ellos puntos que son perfectamente compatibles con una negociación que Chile haya efectuado de buena fe; de no ser así, es preferible que lo sepamos ahora y no dentro de algunos años. (Aplausos)
Como he dicho, ninguno de estos puntos constituye una modificación de fondo al tratado y en el caso de que se obtuviera esta información complementaria nuestro voto sería favorable a la ratificación del tratado, por las siguientes razones:
Primero, porque no existe en el presente y seguramente tampoco en el futuro, posibilidad alguna de lograr un acuerdo mejor que éste. Creemos que se trata del mejor acuerdo que se podría haber logrado, con las aclaraciones a las que me he referido, y que probablemente en el futuro ninguna corte internacional podrá producir un tratado que lo mejore.
Segundo, porque es de interés nacional poner término a este prolongado conflicto y procurar una más estrecha relación con Chile. Sobre este tema no necesito abundar porque es del conocimiento de todos.
Tercero, porque la no concreción del tratado colocaría a la Argentina en una difícil posición internacional, particularmente en lo relativo a nuestras reivindicaciones sobre las islas Malvinas. Si mantenemos un permanente estado de conflicto con Chile, nuestro problema en las islas Malvinas así como islas Sandwich y Georgias del Sur va a ser mucho más difícil de lo que ya es.
Reitero que estamos dispuestos a dar nuestro voto afirmativo en el caso de que lográramos que se efectuaran estos complementos y se establezcan estas aclaraciones que, repito, deberían ser fáciles de lograr si es que la negociación ha sido encarada de buena fe por parte de Chile. Pero si la Cámara no acepta nuestro proyecto de devolver el tratado para obtener esas aclaraciones, nuestro voto va a ser contrario a la ratificación del tratado en este acto, no por las razones que generalmente se argumentan y que quieren retrotraer los fundamentos a otras épocas, lo cual es imposible, sino por las que he dejado fundamentadas en este momento. (Aplausos).
Transcripto del original en papel por Claudia Bonzo, corregido por Pablo Parenti
Nota: Es nuestra intención transcribir el libro completo, material que iremos subiendo a medida que este listo. Una vez terminado el trabajo se armara el (PDF) para su descarga. Siendo este libro edición del Congreso de la Nación y no habiendo en sus páginas nota que indique lo contrario, creemos de buena fe que podemos hacerlo sin infringir ley de propiedad intelectual alguna.
