Declaración de Principios y Bases de Acción Política

Por UCEDE Provincia de Buenos Aires.

(Texto incorporado al expediente del Partido en oportunidad de obtenerse la habilitación jurídico-política).

1.- El estado actual del país es consecuencia del predominio durante un largo período de más de treinta años de las tendencias antirrepublicanas y antiliberales que forjaron el sistema estatista, dirigista e inflacionario que, con ligeras variantes, rigió desde 1943-45 hasta la fecha. Ese sistema es contrario a la Constitución Nacional: hizo retrogradas al país de séptimo u octavo lugar que ocupaba en el mundo en 1945, al cuadragésimo y quincuagésimo que ocupa ahora; desató una enorme corrupción en todos los órdenes, provocó la destrucción de grandes valores espirituales y materiales que constituían el acervo de la Nación y, finalmente, condujo a la crisis presente, que es sin duda la mayor de este siglo en la Argentina.

2.- La Unión del Centro Democrático se funda para luchar contra ese sistema y restaurar los principios republicanos y liberales establecidos principalmente en la primera parte de la Constitución Nacional. Esos principios son inmanentes y, sin perjuicio de la adecuación de los métodos y procedimientos a la siempre cambiante realidad, siguen constituyendo la guía más certera para la reconstrucción del país.
3.- La Unión del Centro Democrático, en diametral oposición a la filosofía colectivista que antepone el Estado al individuo, sostiene la dignidad de la persona humana como esencial y fundamental, y considera como derechos naturales del hombre la libertad y la propiedad.
4.- En función de ese punto de vista filosófico, de aquellos principios y del mandato expreso de la Constitución Nacional, según principalmente sus artículos 14 y y 28, la Unión del Centro Democrático propugna:
4.1. Reducir a su mínima expresión y, en la medida de lo posible, abolir totalmente el “Estado comerciante”, el “Estado industrial” y el “Estado empresario”. Esas funciones no son propias del Estado que concibe la Constitución, sino que incumben a los particulares. Para ello es necesario:
4.1.1 Transferir a la actividad privada, conforme a un plan concreto que ya ha sido estudiado y se encuentra disponible, los organismos estatales que cumplen aquellas funciones.
4.1.2 Cuando esa transferencia no sea posible por tratarse de empresas antieconómicas, liquidarlas sin más trámite.
4.1.3 Las actividades y empresas que por excepción sigan en manos del Estado, deben quedar sujetas a las reglas y condiciones del mercado, sin privilegios de ninguna clase. Estas transferencias no significarán desocupación ni “costo social” alguno. Por el contrario, al pasar las empresas a manos de particulares que saben administrarlas y que pueden aportar capitales se desarrollarán en mucha mayor escala, creando nuevas y mejor remuneradas fuentes de trabajo.
4.2 Eliminar las innumerables regulaciones, reglamentaciones, y prohibiciones burocráticas que hoy traban, perturban y hasta paralizan la libre manifestación de la iniciativa y energía individuales. Para ello se requiere:
4.2.1 Terminar con los monopolios estatales y para-estatales (y también con los privados, según se señala más adelante).
4.2.2 Abrir a los argentinos y también los extranjeros que quieran venir a trabajar al país en las condiciones que la Constitución establece, el campo de las grandes actividades, que hoy les está vedado (petróleo, gas, energía eléctrica, energía atómica, explotación del carbón, teléfonos y otros medios de comunicación, ferrocarriles, transporte aéreo y muchos otros).
4.2.3 Suprimir infinidad de formularios, planillas, informes, limitaciones e interferencias de toda clase, que hoy perturban las actividades privadas, afectando su eficiencia y elevando sus costos.
4.2.4 Especialmente y específicamente, terminar con las manipulaciones administrativo-tecnocráticas de la moneda y de los mercados cambiario y financiero, que conducen siempre a la inflación y al envilecimiento del signo monetario. Para ello es indispensable una reforma profunda de las leyes, reglas y normas que rigen el funcionamiento y las facultades del Banco Central.
4.3 Suprimir los déficit estatales que, en última instancia, se financian emitiendo moneda espuria, lo cual es incompatible con un sistema republicano, liberal y democrático. Una democracia inflacionaria es sólo una burla o parodia de la democracia. La supresión de los déficit no debe buscarse tanto por la vía de aumentar los impuestos, sino de limitar los gastos e inversiones estatales.
4.4 Pero no basta con suprimir los déficit; es indispensable reducir, como se ha dicho, el tamaño del Estado y su “peso” sobre la economía. Un Estado desproporcionadamente grande, aun cuando no tenga déficit, es sofocante y paralizante, y atenta contra la salud económica del país que lo soporta y contra las libertades de sus habitantes.
4.5 Dotar al país de una verdadera moneda, fuerte y estable, que conserve su poder adquisitivo y sirva como reserva de valor. La estabilidad monetaria debe ser considerada como uno de los derechos inalienables de los ciudadanos. Sólo ella permite ahorrar y hace posible elevar los salarios reales y mejorar la situación de los trabajadores.
La inflación es el peor de los males sociales y hay que terminar definitivamente con ella.
Una acción decidida y firme en el sentido señalado en los puntos anteriores, permitirá desmantelar el sistema estatista, dirigista e inflacionario vigente, y reemplazarlo por un verdadero sistema donde impere la libertad en todos los órdenes, incluso el económico. Cabe aquí una aclaración fundamental.
La economía de mercado moderna, a diferencia de algunas de las versiones de economía libre del pasado, no rechaza la intervención del Estado en la economía sino que por el contrario, la considera esencial en un punto: la preservación del mercado. El Estado debe actuar a través de “intervenciones conformes”, para combatir los monopolios, oligopolios y demás fórmula restrictivas de la competencia, sean éstas oficiales o privadas. Nunca debe hacerlo por medio de intervenciones “no conformes”, entre las cuales los controles de precios y salarios son las más representativas, que interfieren y distorsionan el mercado. Por otra parte, y esto es esencial, el sistema colectivista-dirigista e inflacionario desata siempre, debido a sus características, una gran corrupción, que alcanza desde los estratos más elevados hasta los más bajos de la sociedad. El sistema libre en su concepción moderna, es un régimen sin corrupción. Quienes dentro de él violan las leyes, aparecen como delincuentes y son castigados. No son vistos como hábiles gestores, empresarios o financistas, que escapan a toda sanción, según ocurre dentro del dirigismo. La lucha verdadera contra la corrupción es otro de los propósitos principales de la Unión del Centro Democrático. Ese reemplazo de un sistema por otro constituye, según se ha expresado, la meta inmediata de la Unión del Centro Democrático. Durante la transición se adoptarán medidas especiales de emergencia para evitar daños innecesarios, y ayudar a los más necesitados y a quienes más afectan los cambios.
5. La acción anteriormente descripta en el campo económico-social, está indisolublemente asociada a otra, tanto o más importante y permanente: la de organizar un Estado fuerte que atienda con eficacia a sus responsabilidades propias, es decir, la Justicia, la defensa nacional, la seguridad de sus habitantes, la salud pública, una educación básica que garantice la igualdad de oportunidades, el establecimiento de condiciones adecuadas para que la cultura y la investigación científica se desarrollen tanto como sea posible, la solidaria contribución de los trabajadores activos a los pasivos y la asistencia social a los desamparados, la conservación de la naturaleza y la mejora del medio ambiente.
La plataforma del Partido contendrá definiciones precisas en todas y cada una de esas materias.
6. Un Estado liberado de responsabilidades empresarias y descargado de las exigencias económicas que éstas plantean, podrá centrar su acción en las vitales tareas descriptas en el párrafo anterior, y contar con los recursos necesarios para llevarlas al más alto grado de eficiencia. Sólo así la justicia, la defensa nacional, la seguridad, la salud pública, la educación, la cultura e investigación científica, la seguridad y asistencia social, y la preservación de la naturaleza, dejarán de ocupar el lugar secundario que hoy ocupan dentro del Estado empresario, y podrán ubicarse en el plano relevante que por su índole les corresponde.
7. El país así organizado se insertará natural y espontáneamente entre las naciones libres del mundo, sin compromisos políticos que limiten su libertad de acción, pero también sin dudas ni vacilaciones que desdibujen su identidad. La política exterior argentina se ajustará a esa norma.
Debemos mantener relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del mundo, cualquiera sea la ideología de sus gobiernos, pero al mismo tiempo debemos identificarnos claramente con aquellos donde se respeten efectivamente las libertades individuales y demás valores de la cultura de Occidente.
8. Principio de subsidiariedad. Organizaciones intermedias. Entidades gremiales empresarias y sindicatos.  La Unión del Centro Democrático sostiene el principio de subsidiariedad, entendiendo por tal que en “todo aquello que pueda ser hecho por los individuos o las organizaciones intermedias dentro de las leyes, el derecho y la moral, el Estado debe abstenerse de intervenir. Sólo lo hará, subsidiariamente, cuando haya problemas cuya solución sea imprescindible, que escapen a las posibilidades individuales o de las citadas organizaciones intermedias”.
Las organizaciones de esta clase que tengan por fin la defensa de intereses lícitos de sus integrantes, son útiles para la conformación de una adecuada estructura social. En ese sentido las entidades gremiales empresarias y los sindicatos de trabajadores independientes, juegan un papel importante en las sociedades modernas. Esas organizaciones deben a su vez ser libres, estando sujetas solamente a la legislación general y a un mínimo de reglas y normas ad-hoc establecidas por el Estado, que en manera alguna coarten aquella libertad. Inversamente está vedado a dichas entidades ejercer coacción sobre los individuos, las demás organizaciones y el Estado mismo, procurando forzar la obtención de ventajas sectoriales.
9. Los postulados de la Unión del Centro Democrático y la doctrina social de la Iglesia.
Los postulados de la Unión del Centro Democrático llevan naturalmente a concordar con la doctrina social de la Iglesia. Nada hay en aquellos que se contraponga con ésta; por el contrario, los fines expresados en dicha doctrina sólo son alcanzables a través de políticas y programas como los emergentes de la acción aquí propuesta.
10. La enunciación anterior no es completa ni excluyente. Se refiere sólo a puntos esenciales de doctrina que sirven para definir la identidad del Partido y alrededor de los cuales dirimir las principales controversias. Las comisiones de estudio del Partido y en particular la de Doctrina, darán forma definitiva a esos enunciados, las completarán en todo lo necesario y sobre ellas plasmarán la plataforma partidaria.
La acción política del Partido se encargará de difundir ésta y contraponerla a las de las demás fuerzas, facilitando así a la ciudadanía la tarea de comparar y en definitiva elegir.